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Los desafíos más grandes de la nueva constitución serán las mismas demandas que le dieron vida: ¿cómo la salud, la vivienda, la educación son garantizadas como derechos?

Esto requiere escribir una constitución que no sólo explicite estos derechos, sino que también establezca lineamientos de estructura política que permita la existencia posterior de leyes, que los hagan exigibles por la ciudadanía y también capacidad de implementación por parte del estado y sector privado.  

Una arquitectura social basada en derechos garantizados requiere educación cívica y conciencia ciudadana, y mucha capacidad de gestión, pública y privada, para poder llegar a garantizar con calidad, derechos tan básicos como el medio ambiente limpio o una vivienda social integrada a las oportunidades de la ciudad. Señoras y señores se va a requerir como nunca mucha capacidad de gestión. 

Un elemento crítico es la forma en que se entienden estos derechos. Hasta acá la política social se basa en mirada del ser humano en partes, o necesidades que debe ser cubiertas, como subsidios, capacitación y asistencialismo que abordan las variables de forma unitaria, perdiendo el sentido de integralidad del bienestar de una persona. Una forma innovadora es entender el desarrollo del bienestar de la persona no desde sus necesidades, si no desde su interrelación con la comunidad. Mirar el desarrollo de los territorios como organismos sociales, permitirá una visión orgánica del ser humano y su territorialidad. A partir de ahí repensar la educación, los sistemas alimentarios, la generación de empleo, la inversión, entre otras. Pensar territorialmente no implica sólo hacer un mapa, si no más bien comprender al ser humano y su comunidad en su dinámica de interdependencia. 

Con una nueva constitución nace una oportunidad para sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo que permita garantizar derechos universales, y generar un ambiente donde cada ciudadano disponga de las herramientas para el desarrollo de su propio proyecto de vida. Acá comparto tres claves para esto.

Primero entender los derechos a garantizar como un todo, por sobre la lista de derechos particulares, garantizando el derecho territorial a una vida saludables y a una geografía de oportunidades repartida de forma equitativa. 

Segundo, establecer una estructura de representación distribuida por sobre una centralizada. Promover ciudades intermedias fortalecidas y una estructura de participación, democracia y toma de decisiones que se construyan desde los territorios hacia arriba. Cambiar el eje de administración del estado, para una futura transformación en un organismo construido desde los gobiernos locales y sus comunidades, hacia el nivel central. 

Por último, establecer una mirada de desarrollo económico local que entienda la relación entre el ser humano y la naturaleza desde su responsabilidad de cuidado y regeneración, que permita que surjan marcos normativos que promuevan la inversión de impacto, el desarrollo de la economía circular y por supuesto, generación de empleo de calidad, que potencie el máximo desarrollo espiritual, social y económico de sus ciudadanos. 

Pensar una constitución territorial, es pensar en desarrollo sostenible, y en eso la economía chilena tiene todo el potencial de ser un motor de transformación mundial. Esta nueva constitución servirá entonces para proyectar a Chile al desarrollo, esta vez con todas y todos invitados a la cocina.