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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a través de su sede regional de Los Lagos presentó tres querellas por torturas, dos en favor de tres internos del penal Alto Bonito de Puerto Montt y una en favor de un interno del penal de Osorno. Todos ellos habrían sido víctimas de torturas por parte de personal de Gendarmería de Chile, por lo que se busca establecer las responsabilidades en cada caso.

La primera querella –cuyos hechos ocurrieron en el penal de Alto Bonito- corresponde al caso del interno R.A.H.D. quien el 16 de febrero pasado en el marco de un allanamiento habría sufrido vejaciones de parte de un cabo de Gendarmería, quien sin provocación alguna lo habría golpeado con un palo en su espalda, brazos y a lo menos  tres veces en la cabeza, lo que le ocasionó un corte cuya sutura contempló doce puntos.

La segunda querella, también ocurrida en el penal de Puerto Montt, fue presentada en favor de los internos de iniciales J.L.S.E. y J.A.P.F. quienes también en el marco de un allanamiento ocurrido el 17 de abril pasado habrían sido golpeados por gendarmes en diferentes partes del cuerpo. Luego de la constatación de lesiones ambos internos habrían sido trasladados a celdas de castigo donde los vejámenes habrían continuado.

La tercera querella fue presentada en contra de un cabo de Gendarmería –identificado en la acción legal- y en contra de todos quienes resulten responsables de las eventuales torturas de que habría sido víctima el interno del penal de Osorno de iniciales D.A.G.O. quien –según una carta enviada por 37 internos al INDH- habría resultado con “lesiones de carácter grave y desfiguración de rostro” por los golpes recibidos.

Según señala el escrito del INDH, D.A.G.O. habría sido golpeado con puños y pies en diferentes partes del cuerpo, cayendo al suelo, donde siguió siendo maltratado por el cabo. Producto de los golpes el interno resultó con la nariz fracturada y con el tímpano  reventado en uno de sus oídos.

A través de estas acciones legales el INDH solicita al Ministerio Público que se indaguen los hechos y se tomen todas las declaraciones pertinentes que permitan aclarar los delitos y sus responsables; que despache orden de investigar a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile; y que el Servicio Médico Legal realice todas las pericias físicas y sicológicas a las víctimas.