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Uno de los problemas que tenemos en Chile en la actualidad y muy grave por cierto; es que las grandes empresas internacionales, que a veces están asociadas con grupos económicos chilenos, las denominadas transnacionales, que preferentemente trabajan en desarrollos mineros, energéticos, salmoneros, están realizando actividades productivas en el territorio nacional, sin ninguna conciencia ambiental y social ante el medio en donde están insertas. Desrespetando la proyección de las comunidades y del país en si mismo, operando sin ninguna visión de sustentabilidad futura en los procedimientos que utilizan y lo que es peor, sin la fiscalización profesional que se supone deben tener por parte del Estado y sus diferentes reparticiones públicas.

Esta destructiva realidad, fue aceptada por nuestra sociedad bajo el engañoso parámetro, “que mientras ofrecieran trabajo no importaba”, lo que ha llevado a que muchas comunidades regionales, estén sufriendo lo indecible con esta intervención despiadada del mundo empresarial. Basta con recorrer el país, para darnos cuenta que tanto en el norte, centro sur y en las regiones australes, las mineras, la industria forestal y las salmoneras tienen a muchas comunidades sin agua y sentenciadas a vivir de por vida con la dependencia de camiones aljibes ( en el norte y centro sur), al ser intervenidas las napas acuíferas subterráneas y en las regiones australes, a tener que aceptar que los mineros y salmoneros contaminen ríos, lagunas y fiordos, por los malos manejos ambientales.

Hasta hace poco tiempo asumimos naturalmente, que la responsabilidad de las empresas tenia como único objetivo generar utilidades para ellas mismas y carecían de responsabilidad ante el medio ambiental y social, que este fundamento era suficiente para desarrollar nuestro modelo de desarrollo. Desde los gobiernos de Frei Ruiz Tagle hasta el actual de Michelle Bachelet NM, han repetido este discurso; que si las empresas crecían y les iba bien, en consecuencia nos iría bien a todos, mejorarían los sueldos de los trabajadores, las condiciones de trabajo se harian más llevaderas y por consecuencia natural respetarían el medio ambiente y las comunidades entraríamos en el círculo virtuoso y seriamos felices para siempre.

Esta manera de ver la operativa empresarial por parte de Estado chileno, con el tiempo solo posibilito desarrollos destructivos, inaceptables en la actualidad, en una sociedad que dice respetarse a si misma y que lucha día a día por la sustentabilidad social y ambiental y se hace un deber nacional, cambiar estos paradigmas mentirosos. Entendiendo, que si no se fiscaliza con mano de hierro el actuar de las empresas, a la corta, terminan haciendo de las suyas y destruyendo el país.

La esencia del mundo empresarial se mueve por los indistintos formatos de la codicia, es lo que esencialmente las motiva, las mantiene atentas; tal como la esencia de un Estado responsable y serio, es fiscalizar con mano de hierro para no permitir los malos manejos empresariales. Si se pierde este balance natural en una sociedad, nos introducimos en un atolladero demencial, que por más haberes que tenga una empresa, por muy bien que le vaya, son modelos insaciables que siempre van a querer más y más; sobre todo en los que se refiere al desarrollo de megaproyectos, en modelos económicos como el Chileno, con un Estado que no esta cumpliendo con su función, haciendo las supuestas buenas costumbres se dan por descontado, como accesorio cultural de una autorregulación situado como el mejor modo de regular.

Una empresa debe tener la capacidad de entenderse a si misma, el entorno y su responsabilidad social. Entendiendo que sus actividades interfieren la vida de las comunidades y de los territorios donde están emplazados. Si las empresas carecen de esa mirada introspectiva, están cruzando el límite moral de la ética del hacer, iniciándose la descompaginación del proceso natural de la búsqueda natural de la sustentabilidad total.

Uno de los mejores ejemplos históricos de esta intervención, es lo que sucedió durante el gobierno de la Unidad Popular. Si Salvador Allende no nacionaliza el cobre y no hubiese afectado tanto los intereses de las grandes empresas mineras americanas; es indudable que el gobierno de Richard Nixon, le habría dado un poco más de tiempo al gobierno de la Unidad Popular, para llevar adelante el plebiscito que tenía planificado para decidir el rumbo del país a finales de septiembre de 1973. Pero la presión que ejercieron las grandes transnacionales al gobierno americano, para recuperar sus supuestos haberes fue tan frontal y tan fuerte, que apuraron el proceso decisorio y estas empresas no se quedaron tranquilas hasta no poner a Pinochet en la Moneda. Exigiendole posteriormente a la Junta Militar, la devolución de esos intereses, que les permitio a las empresas transnacionales repartirse las dos terceras partes de ese cobre y que Chile sólo se quedará con la tercera parte de ese total.

La responsabilidad del mundo empresarial debe estar presente en todas las actividades posibles y ser exigidas por un Estado soberano. Sin el cumplimiento de esa responsabilidad vital por parte del Estado, es imposible buscar la sustentabilidad del derecho de vivir en un medio con proyección de futuro y sustentable. Lamentablemente el escenario se nos ha estado complicado aun más y de una manera que nunca imaginamos, al tener que sumarle la variable del cambio climático a toda esta realidad. Haciendo que la responsabilidad social, no sólo debe restringirse a las acciones sociales o ambientales de una empresa, también deben tener la obligación de transparentar sus procesos de producción, generar diálogos responsables con el mundo social y tener una perspectiva más amplia y sistémica, ante las diversas problemáticas, incorporando procesos de gestión estratégica y planes de desarrollo con planteamientos responsables. No como ocurre en la actualidad, donde las empresas cuentan lo positivo y esconden lo negativo, bajo cortinas de humo llamados estudios de impactos ambientales (EIA), que son ideológicos y poco realistas, avalados por las reparticiones públicas de los gobiernos regionales, que no dudan en manipularlos estos estudios, para que estas empresas logren sus objetivos, con órdenes expresas llegadas desde la Moneda.

La responsabilidad social debe sustentarse bajo una legislación dinámica y contar con una fiscalización seria y profesional, con valores éticos y morales, bajo un conjunto integral de políticas, prácticas y programas de operaciones empresariales, enmarcados institucionalmente. De lo contrario, se esta corriendo el riesgo de implementar prácticas, que si bien pueden ser responsables en ciertos momentos, al no responder a un mandato institucional, ponen en peligro la sustentabilidad social y ambiental de los territorios, al tener la empresa la capacidad de pasarlas por alto, bajo el sustento de eventualidades coyunturales del mercado, crisis presupuestarias, cambio direccionales de la empresa, manipulación política de las leyes y de no poder contar en ciertos momentos con una adecuada fiscalización. Que nos lleva a la conclusión, que la responsabilidad social debe tener por sobre todas las cosas un sustento constitucional si quiere realmente ser efectiva.

La acción fiscalizadora por parte de un Estado consciente de sus obligaciones, es integral y debe de poder contar con la capacidad de producir análisis reales y definitorios de los objetivos y las formatos con que las empresas buscan sus objetivos. Las expectativas y los valores que conforman el quehacer de una sociedad que se respeta a si misma, debe estar constantemente ampliando los niveles de su responsabilidad ante la sociedad. En la actualidad la problemática social del mundo de las grandes empresas y la intervención de los territorios nacionales, se sustenta en la natural mala convivencia de las comunidades con las empresas, que obliga al Estado a tener que estar constantemente monitoreando y realizando acciones multisistémicas, para defender el patrimonio nacional que  es de todos, en una dimensión ecológica,social y cultural.