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Un informe publicado por la ONG Surmaule [16] da cuenta de los efectos que tuvo el terremoto del 27 de febrero de 2010 en las zonas rurales de las regiones del Biobio, Maule y O’Higgins.

Stefano Micheletti, presidente de esta organización, explicó que las conclusiones no son positivas para el proceso de reconstrucción y dan cuenta de la falta de una planificación profunda para un área específica como lo es el mundo rural.

Según el documento si bien se aprecia una mayor cantidad de viviendas dañadas en las comunas urbanas, si se toma en cuenta las viviendas inhabitables con el total de familias damnificadas, el sector rural ha sufrido un daño mucho más definitivo, ya que el 70,3 por ciento de las viviendas afectadas resultaron inhabitables, frente a un 53,3 por ciento de las comunas urbanas.

En Chile uno de los desafíos que se han propuesto los gobiernos, desde 1970 a la actualidad, ha sido la retención de los habitantes rurales en sus territorios mediante estímulos de política habitacional. El terremoto, explica Micheletti, dio paso a una tendencia migratoria hacia la periferia de las ciudades, aumentando la segregación. Los desplazados a nivel de la región del Maule alcanzan las 12 mil familias.

“Hemos analizado los nuevos CNT, que son estos conjuntos de viviendas nuevos. Calculamos que por lo menos, de los CNT, dos tercios de las personas que viven ahí proceden del centro de la ciudad y un tercio de las comunas y los sectores rurales. O sea ahí hay un fenómeno que estamos observado que tiene que ver con el flujo migratorio. Yo creo que la política de reconstrucción ha sido un fracaso rotundo porque en vez de pensar en la retención de los sectores rurales ha profundizado el proceso de migración”.

Según el informe las políticas habitacionales en el sector rural, han sido aplicadas sin mucho control ni previsión de resultados de su impacto a mediano y largo plazo; más bien han respondido a estrategias sectoriales, donde los gobiernos locales (en especial los municipios) han tenido poca capacidad y posibilidad de incidencia, tanto en la fase de planificación y diseño como de implementación.

Otra de las críticas apunta a que los programas de reconstrucción operan desde una lógica neoliberal, privilegiando la conformación de un mercado inmobiliario vinculado a la reposición de viviendas y no a la entrega de soluciones de calidad para los damnificados, sus barrios y pueblos. Así el Estado terminaría desenvolviendo un papel meramente subsidiario, dejando operar el mercado y sin asumir un rol central en el proceso de reconstrucción.

La mayor cantidad de sucesiones y propiedades informales de terreno que existe en estas zonas, y el poco atractivo comercial que tiene para las inmobiliarias construir en sectores rurales ha potenciado la migración con consecuencias para los damnificados.

“Hay una serie de costos personales, familiares y comunitarios. No se han considerado todas las dimensiones que tiene que ver con lo social, la dimensión de barrio, o con la especificidad de las zonas rurales. Además hay tratados internacionales, por ejemplo la ONU, que hablan sobre la localización y eso es parte de los criterios para saber si la vivienda es adecuada para un proceso de reconstrucción como este”, dijo.

La investigación planteó que desde las bases ha existido dificultad con los datos, partiendo por la falta de certeza respecto al número de habitantes rurales del país. “El INE, por ejemplo, cifra según el censo 2002 en un 13 por ciento la población rural a nivel país, mientras que para el Banco Mundial hoy representa el 35 por ciento y para la OCDE el 42 por ciento  de la población total”, cita el documento.

Finalmente, para Micheletti se ha perdido una oportunidad para enfrentar de una manera diferente un proceso de reconstrucción, donde se podría haber mirado hacia experiencias exitosas como Armenia o Colombia, pero solo se continuó con las lógicas de políticas de vivienda de los últimos 20 años.