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El vicepresidente Andrés Chadwick anunció este sábado que el Gobierno determinó formar un equipo jurídico de alto nivel para dar un seguimiento en los ámbitos judiciales, administrativos y en el Consejo de Defensa del Estado, para efectos de ver responsabilidades y “poner término a la brevedad posible a los pagos irregulares de pensiones” a exonerados políticos que no corresponden.

Del mismo modo, el secretario de Estado sostuvo que el Ejecutivo “respalda” la iniciativa legal que le plantearon este sábado las bancadas de la Alianza, de presentar en las próximas semanas un proyecto de ley que, el conglomerado político oficialista prepara, con el fin de terminar con las pensiones a falsos exonerados.

“Con esto queremos cumplir con una exigencia de Gobierno; no podemos permitir que situaciones de esta envergadura, presuntos fraudes al fisco, que pueden ser los más grandes que se han producido en nuestra historia, no sean investigados ni menos permitir que se sigan consumando mes a mes, pagándose pensiones a personas que no lo debieran recibir y por el contrario, postergando, a quienes legítimamente sí tenían derecho a ello”, sostuvo Chadwick.

Asimismo, llamó a ser “acompañados en esta decisión por todas las instituciones de Estado, que no se resten a ello las instituciones administrativas ni judiciales, y poder contar con todos los sectores políticos, porque no podemos permitir y no es el Chile que queremos cuando ocurren este tipo de defraudaciones, que perjudican los recursos de todos los chilenos, y al mismo tiempo, los derechos que puedan tener otras personas legítimamente a poder tener recursos para sus pensiones, su salud y para su educación, cuando existe un grupo que se ha establecido para defraudar al fisco”.

Ministra del Trabajo solicita renuncias

La Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, pidió la renuncia de los parlamentarios Isabel Allende, Camilo Escalona y Marcelo Schilling, debido a que sus nombres aparecen consignados como firmantes en algunos de los tres mil casos de falsos exonerados políticos detectados en un informe de Contraloría.

Matthei denunció que la Concertación habría “regalado” beneficios a funcionarios de partidos políticos hasta el año 2010 y que el Partido Comunista avaló 884 de los casos hoy cuestionados, mientras que el Partido Socialista firmó 660, el Partido Radical 61 y la Democracia Cristiana 42.

Desde Alemania, la senadora Isabel Allende expresó que los antecedentes entregados por Contraloría “no constituyen mayor novedad, pues en noviembre del 2011, a partir de una auditoría interna del Ministerio del Interior, se encargó esta investigación”.

“De las solicitudes recibidas, solo di mi certificado en aquellos casos que me parecieron válidos, partiendo de la base de la honestidad de las personas. El aprovechamiento de algunos no puede poner en cuestión el otorgamiento a aquellas personas que sí lo merecen”, enfatizó la senadora.

Isabel Allende explicó que el mecanismo de las exoneraciones políticas “permitió que el Estado saldara una deuda histórica con quienes fueron marginados de sus trabajos por razones políticas”, ya que “el despido de miles de funcionarios públicos por sus ideas, o en muchos casos, por sospechas, fue uno de los tantos abusos a que nos sometió la dictadura”.

Por lo mismo, aclaró que “no por el aprovechamiento de algunos podemos poner en tela de juicio la justicia de este mecanismo”. La senadora manifestó además que espera que la justicia determine la veracidad de las denuncias de casos de falsos exonerados políticos “y si es así, sancione a los responsables”.