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Esta semana se oficializará la petición de extradición de Jorge Segovia, controlador de la Universidad SEK, por el caso de presuntos sobornos de universidades privadas para obtener sus acreditaciones, conocido como Caso CNA.

A partir de algunas declaraciones realizadas en la investigación, se le imputa participación directa en el pago de coimas. Por eso, el abogado Enrique Aldunate presentará esta solicitud en representación de parlamentarios socialistas.

El presidente de la bancada PS, el diputado Fidel Espinoza, aseguró que “tenemos antecedentes más que suficientes que demuestran su eventual participación en un proceso de acreditación bastante anómalo con la Universidad SEK, de la cual él forma parte en su directorio. El señor Segovia, como todos saben, arrancó a España. Según él, fue a ver a su padre, con quien todos sabemos que tiene serias desavenencias que han provocado graves divisiones entre ellos mismos hace largos años. Por lo tanto, creemos que su viaje ha sido para eludir a la justicia chilena y a las investigaciones que se están desarrollando, más allá de que haya prestado declaraciones vía video conferencia”.

La inquietud aumenta ya que el también ex vicepresidente de la ANFP decidió quedarse en Europa y renunciar a todas las posiciones de poder que tenía en nuestro país. Eso, al parecer, porque existirían antecedentes concretos para demostrar su participación.

El 22 de mayo, en tanto, se formalizará por soborno a las universidades SEK, Del Mar y Pedro de Valdivia, a través de sus personalidades jurídicas. Esto, porque las entidades se habrían quedado con recursos del Crédito con Aval del Estado que el Fisco concede a las casas de estudio que están acreditadas.

El fiscal del caso, Carlos Gajardo, explicó que “la Fiscalía ha solicitado lo que nos parece que corresponde, que es que se formalice también a las personas jurídicas a partir de la ley 20.393. Nos parece que es el paso lógico en esta investigación una vez que los delitos han cedido en favor de esas personas jurídicas”.

Las universidades arriesgan la prohibición de celebrar contratos con el Estado, la pérdida de bienes fiscales, una multa de hasta 800 millones de pesos y la cancelación de la personalidad jurídica, entre otros.

Sin embargo, Mauricio Daza, abogado querellante en la arista “estafa”, afirmó que esta acción es confusa, cuando, al menos, la Universidad del Mar ya tiene su personalidad jurídica cancelada vía administrativa.

Además, el abogado cuestionó que “la información por parte del Ministerio Público es más bien confusa y lo más preocupante es que a partir de este tipo de medidas, que es formalizar en una arista que ya se encuentra investigada y formalizada, pretende tapar la ineficiencia y dejación en que ha incurrido la Fiscalía respecto de la arista más importante, aquella vinculada a la estafa que miles de alumnos reclaman haber sufrido respecto de casas de estudios que por años se organizaron de manera fraudulenta”.

El abogado añadió que aquí la finalidad era obtener recursos de forma ilícita y repartirla a través de actos simulados que se contrataban con sociedades satélite, lo que no ha sido investigado de forma rigurosa. En ese sentido, afirmó Mauricio Daza, “lo relevante es poder investigar el modelo que se ha establecido para defraudar a los alumnos y al Estado”.