Buenas conversaciones, buenos futuros
Organizaciones exigen fin a justicia militar al recordar muerte de Manuel Gutiérrez
Al cumplirse dos años de la muerte del joven estudiante Manuel Gutiérrez, víctima del disparo de un carabinero en el contexto de un paro nacional, organizaciones sociales y de derechos humanos llamaron a poner fin a la justicia militar.
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El 24 de Agosto de 2011, mientras observaba una protesta en la Villa Jaime Eyzaguirre de la comuna de Macul, el joven estudiante Manuel Gutiérrez recibió un disparo por parte del sargento de Carabineros, Miguel Millacura, lo que le quitó la vida.
Además de ser dado de baja de la institución, Millacura fue sometido a proceso por la justicia militar, que le otorgó el beneficio de libertad bajo fianza.
Este caso revitalizó una demanda histórica de los movimientos sociales: que se termine con la jurisdicción de la justicia castrense sobre casos que afecten a civiles.
Este viernes, representantes de una gran cantidad de movimientos sociales realizaron un acto a un costado del Cerro Santa Lucía para reiterar dicha exigencia.
El vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Fabián Araneda, dijo a Radio Universidad de Chile que es inaceptable que aún se juzgue en tribunales militares a sus propios pares, cuando comenten delitos contra civiles.
“No puede ser que los crímenes por parte de militares y carabineros sean juzgados por ellos mismos, con penas por asesinatos que son muy menores a la de cualquier ciudadano. Al fin y al cabo, las culas no tienen un resultado ante una acusación contra un uniformado”, dijo.
La ex vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Eloísa González, indicó que esta lucha es fundamental para los movimientos sociales, ya que “queremos avanzar en el derecho a manifestarnos por lo que nos parece que afecta al conjunto de chilenos y chilenas. Hay que derrocar este tipo de leyes, que criminalizan a los movimientos sociales y que puedan levantarse y demandar lo que les parece justo”.
En diciembre de 2010, y producto de la presión ejercida por 32 comuneros mapuche que mantuvieron una extensa huelga de hambre, el Gobierno de Sebastián Piñera decidió modificar la justicia militar y excluyó a los civiles imputados por ella. Sin embargo, esta ley mantuvo bajo la jurisdicción castrense a militares que cometen delitos comunes y a los civiles que pueden verse afectados por dichos ilícitos.
