La tragedia de los espacios comunes y una nueva gobernanza para ellos

Hace ya varias semanas que vengo siguiendo una serie de reportajes regionales y entrevistas acerca del uso o mal uso que se hace de ciertos espacios particulares, como  las quebradas en Puerto Varas, el borde costero de Puerto Montt o las redes de pesca furtiva en Puerto Octay. Todos estos fenómenos tienen algo en común: son acaecidos en espacios de propiedad colectiva, de propiedad fiscal, es decir de todos los chilenos. Para algunos podría sonar a tierra de nadie, incluso a objeto de ganancia: “a río revuelto ganancia de pescadores”. Pero la cosa no puede ir por ese lado, no puede ser que estos espacios del bien común sean vulnerados por la ambición, codicia o falta de conciencia, porque dichos espacios comunes tienen una tremenda importancia para la sostenibilidad de las ciudades y los territorios en los que se encuentran.

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Esta no es una problemática reciente, en el Siglo XX, es lo que se conoció como “la tragedia de los bienes comunes” (Hardin, 1968). Dado que existen recursos que son disponibles para todos, como riberas de ríos y lagos, playas y borde costero en general, estos a la vez son escasos y vulnerables, por lo que su uso desenfrenado genera desajustes en la capacidad de sostenibilidad, perjudicando directamente el entorno, a otros actores con derechos de uso y a las generaciones futuras. Prevalecen las motivaciones individualistas sobre el sentido del bien común, lo que conduce a la ruina de todos por la culpa de algunos. Dicha ruina nunca es igualmente “ruinosa” para todos, siendo muchas veces una ruina acomodada para sectores acomodados, y una de tipo vulnerable y que precariza más y más a los sectores subalternos. 

Es innegable que, cuando la apropiación indebida de este tipo de espacios comunes se hace efectiva, los impactos ambientales son prácticamente inmediatos, despojando además con ello a grupos que han habitado históricamente el mismo territorio. Ejemplos en Chile tenemos muchos, está el caso de las comunidades de algueros y los latifundistas en las costas de Bucalemu, en Chile Central, o las tomas de playas en todo el norte del país, entre muchos otros ejemplos. Acá en la región existe un fuerte conflicto en Puerto Varas por tres rellenos de quebradas que ocurrieron en forma simultánea, lo que puso en alerta a distintas agrupaciones y organizaciones que se manifestaron para intentar detener algunos de estos procesos. En Puerto Octay ya parece ser recurrente la pesca furtiva con grandes redes que son caladas en el sector de Centinela, haciendo uso y abuso de las bondades de nuestro lago. Por otra parte está el constantemente asedio al borde costero en el seno de Reloncaví, a propósito de obras públicas o cualquier intento de privatización. 

Son espacios que cumplen funciones trascendentales para el funcionamiento de los territorios en términos ambientales, pero también en términos económicos, políticos y culturales. Sobre este mismo tema, resulta sumamente importante destacar el trabajo de Elinor Ostrom, Premio Nobel 2009, sobre el uso efectivo de los bienes compartidos. En términos generales, la politóloga afirma que los recursos comunes no necesariamente serán sobreexplotados (como argumentaba Hardin), sino por el contrario, existen casos donde a partir de arreglos institucionales y contratos entre los interesados, los recursos comunes se explotan de manera sostenible (Ostrom 1990). Es un hecho que las regiones costeras, ribereñas y lacustres presentan en muchos casos “tragedias”. Un ejemplo actual y concreto son las quebradas rellenadas de Puerto Varas, una acción abominable en términos ambientales, tanto como cuando Pascua Lama decía que iba a cambiar de cuenca un glaciar. En comparación a las ganancias inmediatas de su mal manejo, es como popularmente se dice “pan para hoy hambre para mañana”, puesto que más temprano que tarde, el curso natural de esas quebradas hará ceder el terreno.

Asimismo, existen también formas efectivas de gobernanza de los bienes comunes: si bien en las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos se privatizó el uso de los recursos mariscos más demandados a nivel local y global (como el loco, Concholepas concholepas), lo que restringe el acceso libre bajo el discurso de la conservación y el manejo adecuado. Estas formas de actuar frente a recursos colectivos han conducido a problemas como profundas crisis ecológicas, extinción de la biodiversidad y pobreza social (local), obligando a tomar muchas veces medidas extremas al respecto. Una de dichas medidas, tiende a concebir el mar como un recurso privatizable, donde el uso y el usufructo pertenecen solo a unos pocos. 

La propuesta aquí es a comprender estos espacios como lugares necesarios para el bien común, por lo que su administración debe ser con la participación de todos los actores involucrados. No está mal que se pesque, lo que está mal es que se deprede la fauna lacustre, en su lugar tenemos el caso de los pescadores de langostas en el Archipiélago Juan Fernandez, mundialmente reconocidos por su compromiso con la sustentabilidad, armonizando la conservación de la biodiversidad y su trabajo. No está mal instalar infraestructura en el borde costero, está mal privatizarlo, despojando a los ciudadanos de su derecho al borde costero y transformándolo en un privilegio de solo unos pocos. 

Solo comprendiendo la naturaleza de los bienes comunes podremos efectivamente avanzar hacia el bien común.

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