Informe de Contraloria instruye sumario contra municipio de Puerto Varas por estacionamientos

Controversia ha causado el iforme emanado por la Contraloría General de la República que emite un pronunciamiento en relación a la renovación de contrato, sin licitación alguna, por la concesión de estacionamientos en Puerto Varas,  instruyendo la implementación de un procedimiento disciplinario contra el municipio portovarino.

La empresa concesionaria se adjudico en mayo del 2009 la administración de 293 estacionamientos por un lapso de dos años debiendo cancelar por dicha operación $1.550.500 mensuales, con un total a enterar de 37.200.000 al final del periodo adjudicado. Servicios por los cuales cobraban  en promedio $200 pesos la media hora hasta el año 2014 y  a partir del 2014 la cantidad de $300 por el mismo periodo en cada estacionamiento.

Revisado los antecedentes el organismo contralor indico una series de observaciones y cuestionamientos a la oferta de la empresa como el no especificar la contratación de mano de obra local,  hecho que significaba un porcentaje de 30% de ponderación a la hora de evaluar la adjudicación y que el municipio debió considerar  si  tenía como criterio  la búsqueda de empresas que entreguen al menos  opciones ventajosas en cuanto a mano de obra local para la comuna, tal cual se estipulaba en las bases.

Lo anterior no fue cumplido por la empresa, sin exigencias del municipio tampoco, por lo que la Contraloría establece que la licitación en cuestión  no se habría ajustado a derecho.

De igual forma el órgano contralor llama la atención en base a las sucesivas renovaciones de contratos con la empresa cuestionada, hecho que estaba condicionado dpor una única vez con respaldo de la mesa del concejo, punto que fue reafirmando ante la consulta de otros oferentes. 

Sin embargo, a pesar de lo estipulado, la empresa siguió como adjudicataria no procediendo tal  hecho pues tales acciones entran en pugna con el sistema de licitaciones públicas y vulnera el principio de igualdad ante la  ley al renovar un contrato primitivo y descartar nuevos procesos licitatorios. 

En cuanto a la ausencia de modificaciones tarifarias, ajustes de cobros y reajustes de precios hacia la empresa en cuestión el Diputado Harry Jürgensen no quiso calificar de  irregular el proceso  y prefirió aceptar la calificación de la contraloría como "errores en la determinación de reajustes" ocurridos principalmente entre enero del 2015 y mayo del 2018 lo que contribuyeron para que el municipio deje de recibir  $32 millones 875 mil pesos  y que la empresa deberá enterar lo antes posible con copia del pago a Contraloría.   

"Todas resoluciones adoptadas por la contraloría que distan bastante de pugnas, luchas internas  o cualquier otro calificativo que busquen desperfilar la labor fiscalizadora que como parlamentario me corresponde y para la cual he sido electo", señaló.

La casa edilicia, entonces, deberá  efectuar una nueva licitación pública e informar de su desarrollo lo antes posible y aplicar los sumarios correspondientes a quienes sean considerado responsables de este proceso. 

Imagen: Huawei / Agencia uno