El canal de todos los chilenos: lejos de la realidad nacional

24 Junio 2020

Su condición de competidor en el mercado publicitario aleja a la estación de la idea de una televisión estatal comprometida con la generación de contenidos de calidad.

Manuel Gallardo >
authenticated user Corresponsal Corresponsal Ciudadano

Por razones laborales, en varias oportunidades durante los últimos 20 años participé en reuniones de trabajo con representantes de Televisión Nacional de Chile que exploraban la posibilidad de abrir una señal regional para Los Lagos.

Evidentemente, ninguna de esas tentativas prosperó. La razón de fondo siempre fue la misma: faltaban auspiciadores capaces de sostener el funcionamiento de un canal regional. Comparada con otros territorios, Los Lagos no resultaba un “mercado atractivo”. 

Luego, TVN comenzó a reducir sus esfuerzos en regiones y la idea de contar con una señal local se fue desfigurando hasta desaparecer.

Hoy, la puesta en venta del edificio corporativo de la estación pública -ese emblemático de Bellavista 0990- es un nuevo y bastante rudo testimonio de la crisis financiera por la que atraviesa el canal “de todos los chilenos”. 

El modelo de gestión de TVN es bastante particular. A pesar de ser canal “público” o “estatal” está obligado a autofinanciarse y, por tanto, a competir en el mercado de la publicidad y el ranking con las restantes televisoras abiertas de cobertura nacional.

Esa condición de competidor en el mercado publicitario aleja a la estación de la idea de una televisión comprometida con la generación de contenidos de calidad, que represente la realidad y diversidad de la sociedad chilena, que otorgue espacios de participación y que garantice información de calidad y profundidad, con independencia del gobierno de turno y, por cierto, también de los intereses económicos que puedan estar en juego. Alguna vez TVN estuvo muy cerca de esa idea. Pero de eso ya ha pasado un buen tiempo. 

¿Cómo sobreviven televisiones públicas exitosas como la BBC británica o la española TVE? BBC lo hace a través de un impuesto que se paga por cada aparato receptor -sea radio o tv- instalado en los hogares. Se estima que cada ciudadano en promedio paga alrededor de 180 euros al año para financiar las múltiples señales de radio y TV que ofrece la BBC. 

En España, desde fines de la década anterior los canales privados y las operadoras de cable aportan anualmente entre el 3 y el 1,5% de sus ingresos para financiar la televisión pública. El resto lo pone el Estado como subsidio. Y hoy están discutiendo la posibilidad de que Netflix y HBO, entre otros, también paguen un impuesto para financiar la televisión pública. 

En Chile resultaría impensable cobrar un impuesto más, y menos para financiar a TVN. Y los canales privados -que tampoco son muchos- de seguro recurrirían a todas las argumentaciones imaginables para evitar pagar un solo peso de sus ingresos. 

Sin embargo, distanciar a TVN de la lógica de la competencia comercial permitiría, eventualmente, reorganizar la gestión de la estación y enfocar su trabajo en la producción y adquisición de programas y formatos que contribuyan a cumplir con el rol que se espera de la TV pública.  

En principio, el financiamiento estatal garantizado en el presupuesto de la nación parece ser el camino más viable para asegurar los recursos a TVN, insistiendo en que ello debe obligar al canal a salirse de la lógica comercial y, por cierto, a evitar el despilfarro. Esto debería significar el fin de la farándula como contenido central de la programación, un reforzamiento del área de prensa e investigación periodística, la apertura de la pantalla a la producción nacional independiente y el término de los sueldos estratosféricos para “rostros” cuya presencia se justifica bajo el -cuestionable- argumento de que atraen publicidad.

Y también parece conveniente barajar la idea de una oferta diversificada, de modo que TVN se convierta en un conjunto de canales de tv, radio y multimedia, descentralizados, que garanticen diversidad y calidad de sus contenidos. La (demorada) puesta en marcha de la TV digital podría facilitar este paso. 

Pero antes que todo esto, hay una interrogante que sobrevuela todas estas conversaciones: ¿Es necesario -o útil- para el Estado contar con un canal de televisión que, hasta ahora, genera más gastos y problemas que beneficios, en el contexto de una sociedad que prefiere las nuevas plataformas y las redes sociales para informarse y entretenerse? La discusión está abierta.