Una mirada a la decisión del Tribunal Constitucional sobre educación gratuita

Una mirada a la decisión del Tribunal Constitucional sobre educación gratuita

14 Diciembre 2015

"Si el Tribunal Constitucional confirmó que el mercado es quien regula la educación superior, es tiempo que el estado asuma en un 100% la regulación y administración de sus universidades", dice el consejero regional y presidente del PPD en la zona.

Claudio Oyarzún >
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Es penoso lo que ha sucedido con el fallo del Tribunal Constitucional para las aspiraciones y anhelos de miles de jóvenes en nuestro país.  El Parlamento que es el sentir representativo de nuestra sociedad  aprobó el 0,5% del presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2016.

En consecuencia, lo que consiguió el revanchismo de la derecha autoritaria de nuestro país, al no lograrlo con los votos en el parlamento de forma democrática es seguir defendiendo los intereses económicos de planteles que persiguen la educación de nuestros jóvenes como un negocio y no educación pública y de calidad, como lo ha manifestado nuestra presidenta Michelle Bachelet. La oposición que por lo demás es minoría en ambas cámaras es cómplice de cercenar la posibilidad de que nuestro país apueste por una educación de calidad y sin lucro.

Para ser honesto lo que persiguió y consiguió la derecha es seguir defendiendo los intereses económicos de sus planteles educacionales que no solo ellos defienden, sino que también “no” han sido capaces de demostrar en todos estos años educación de calidad universitaria.

Siguiendo con el relato, es de mucha importancia aclarar que aumentar los recursos a becas ya existentes es más de lo mismo y a esto el Gobierno de la Presidenta Bachelet no se ha comprometido. Esto significaría inyectar más recursos a un sistema de educación superior totalmente mercantil por estos días, en donde, conviven instituciones de calidad con otras que ni siquiera están en proceso de acreditación. Si el Tribunal Constitucional confirmó que el mercado es quien regula la educación superior, es tiempo que el estado asuma en un 100% la regulación y administración de sus universidades.

Para concluir, esto deja nuevamente al descubierto que el 80% de los chilenos y chilenas queremos una Constitución nacida en democracia, que termine con las ataduras de una Constitución ideada en dictadura, actuando de freno a las decisiones de las mayorías democráticas, las cuales deben expresarse en el parlamento, como sucede en países que gozan de una democracia sana, inclusiva y construida entre todos.

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