Sociedad civil justifica protesta social ante deslegitimidad de la política

26 Febrero 2016

A propósito de las rutinas humorísticas festivaleras y las reacciones de molestia entre las autoridades, desde distintos sectores reconocen el derecho ciudadano a criticar a la desprestigiada clase política, aunque con distintos matices.

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“Cuidemos las instituciones” o “dejemos que las instituciones funcionen”. Incluso, “el respeto a la tradición republicana”. Frases recurrentes en los discursos de las autoridades cada vez que algún conflicto amenaza la estabilidad social, al menos desde el punto de vista de la política institucionalizada. A partir de los casos Penta, SQM, Corpesca y Caval aquello ha quedado de manifiesto.

Por ello, no es de extrañar que a partir de las rutinas humorísticas festivaleras, desde el ámbito político reaccionen con molestia. Aunque esta vez en un tono más conciliador. Sin amenazas de querellas ni tampoco advertencias de censuras.

Primero fue la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien sutilmente manifestó que “el país tiene que hacer un esfuerzo por valorar y no generalizar situaciones respecto de las instituciones”. Luego, en su condición de vocera subrogante, la ministra Javiera Blanco fue más enfática. “Los límites tienen que ser el respeto a las instituciones y a las personas”.

Junto a ellas, otras autoridades, tanto del propio Ejecutivo como también desde el Congreso, han insistido en la libertad de expresión, pero donde las manifestaciones se den en un marco de respeto. ¿Es toda la política o parte de ella la que se siente aludida?

“La situación en Chile es dramática y crítica, básicamente porque se ha destruido el sentido de comunidad y de responsabilidad”, advierte el senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán, para quien a la crisis de confianza institucional se suma otra de carácter interpersonal.

“Que en Chile solo el 13 por ciento confíe en su vecino, quiere decir que hemos destruido el sentido de comunidad, lo que implica que también se ha perdido la visión de un proyecto colectivo de nación”.

Por ello, asegura que “hay que ser menos grave respecto de las sátiras humorísticas, que siempre han existido. Más bien hay que hacerse cargo del problema de fondo, sobre cómo se reconstruyen las confianzas en Chile”.

“El humor siempre se ha reído de la contingencia, por lo que no se debe sobrerreaccionar”, agrega Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. “En este caso, el humor se ha hecho cargo del tema de cómo estaba funcionando nuestras política y nuestras instituciones”.

Un escenario frente al que igualmente plantea ciertos reparos. “Podría ser preocupante que algunas imprecisiones en los chistes vayan generando una cierta realidad debido a la desinformación, realidades que no corresponden a cómo efectivamente algunas instituciones han funcionado y cómo se ha reaccionado a los casos que hemos conocido”.

“Toda institución tiene que ser cuidada, porque es lo que nos ha hecho fuerte como país”, añade por su parte desde la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), su presidente, Stefan Larenas. “Pero todas las instituciones, incluso las más pequeñas”.

En ese sentido, reconoce que el humor es transgresor, lo que siempre ha sido así. “Y no necesariamente destruye a las instituciones. Aquí quienes las están destruyendo son los mismos tipos que dicen respetarlas y luego no lo hacen”.

“Las instituciones las hacen quienes trabajan en ellas”

Una de las tantas preocupaciones que surgen cuando se trata de entender este fenómeno, apunta a las consecuencias del descontento social. “Lo peor que podría ocurrir es que un grupo importante de chilenos se margine de la toma de decisiones”, anticipa el senador Chahuán.

Incluso, más grave aún, pensando en un sentido más profundo. “La política se está haciendo tristemente irrelevante para los ciudadanos. Un peligro que nos deja cercano al abismo de los populismos de izquierda y de derecha”.

Y es que en un Estado tan complejo, donde solo la administración central cuenta con más de 340 instituciones, existen disparidades. “Muchas veces tienen que ver con la institución propiamente tal y otras veces con aquellos que tienen a cargo las instituciones”, aclara Alberto Precht.

Por ello, su propuesta es que se le debe exigir a las instituciones que tengan buenos directivos. “Al final las instituciones las hacen las personas que trabajan en ellas”.

Sin duda, un claro reflejo del descontento ciudadano. Pero no solo con los políticos y la política. También con los sucesivos capítulos de colusiones entre ésta y el sector empresarial.

“Por ejemplo, desde el CEP siempre han hablado y han hecho su trabajo en términos de la institucionalidad, el respeto y las ideas”, reflexiona Stefan Larenas. “Sin embargo, ya sabemos que ahí ha existido una franja del empresariado chileno que transgredió las mismas instituciones”.

Desde el punto de vista del consumidor, plantea él mismo, “si hablamos que vivimos en una sociedad de libre competencia, ¿quién la respeta? Vemos que son los mismos que han dicho que la respetarán, los que la transgreden. Es decir, el principal enemigo del capitalismo son los capitalistas”.

En ese contexto, advierte que “no podemos denostar el trabajo de la Fiscalía porque no nos gusta o porque nos están acusando de que estamos coludidos”.

Denuncias y protestas sociales como respuesta

“La protesta social siempre aporta”, plantea Chahuán, agregando que no se puede quedar solamente en aquello. “Lo peor que nos puede ocurrir es tener una ciudadanía que finalmente sea contestataria. Hay que tener una ciudadanía activa y hay que darle herramientas para que eso ocurra”.

Como autor de los proyectos que buscan instalar la iniciativa popular de ley y el referéndum con efecto vinculante, explica que “el llamado que uno hace es que los ciudadanos recobren el poder, que puedan generar cambios en la sociedad y que en definitiva entiendan que ellos tienen el poder para hacer esos cambios”.

Es por eso que el parlamentario también advierte del peligro que significa que la ciudadanía se quede en la apatía y en la indiferencia. “Tampoco podemos quedarnos solo en la crítica y en la protesta”.

A esto se suma el riesgo latente de una “autotutela”, como ocurre con los casos de delincuencia común. Así lo detalla el director ejecutivo de Chile Transparente, para quien es sorprendente la valoración que existe de la detención ciudadana como una forma de hacer justicia por las propias manos.

“Evidentemente cuando eso se traslada a la corrupción, podría ser válido, si es que uno viera que las instituciones estatales están completamente destrozadas y no pueden reaccionar por sí mismas. Pero creo que Chile todavía está lejos de tener instituciones que no son capaces de reaccionar, quizás no con la fuerza que uno quisiera”.

¿Su propuesta? “Uno espera de la ciudadanía que esa voz, esa rabia, esas pifias y todas las manifestaciones que vemos se canalicen por los conductos de la democracia, que al final es lo que debemos cuidar”.

El propio Precht se detiene en algunas advertencias. “Me preocupa que este tipo de manifestaciones se transformen en dos tipos de reacciones. Primero, una reacción hipermoralista, donde se trata de problemas de los políticos y de las instituciones. Y también la apatía. Es decir, una dicotomía entre la exigencia de cambios, que es muy válida, y cómo canalizamos esas exigencias por las vías de la democracia”.

En este punto, incluso apunta al riesgo del populismo, los nacionalismos o llegar a gobiernos con instituciones que no funcionen por no tener ningún tipo de validez social.

Frustración frente al trabajo de los Tribunales de Justicia, cuestionamientos a cómo se generan las leyes y dar el voto a quienes luego no cumplen. Diversos factores que potencian el descontento ciudadano.

“La denuncia social ha ido tomando cuerpo, especialmente con el descrédito de la clase política y una falta de confianza en su quehacer. Además, cuando ciertas instituciones fallan de una manera poco comprensible para las aspiraciones ciudadanas”, explica el presidente de Odecu.

“Una denuncia es parte de una acción social que debe ser respetada –añade Stefan Larenas– siempre que tenga un sentido y un fundamento. Cuando uno dice que el país tiene hoy una colusión constante, porque todo está concentrado en pequeños sectores de la población, obviamente que es una denuncia que tiene muchos fundamentos. Entonces que alguien haga humor de eso es completamente pertinente”.

“No basta solo con decir que las instituciones funcionen”

Un complejo escenario en el que los actores políticos, sociales y aquellos que toman decisiones deben hacerse cargo de la crisis de confianza.

Así lo piensa el senador Francisco Chahuán, quien además apunta a “entender que la solución es volver a generar una atomización del poder y permitir a los ciudadanos la incorporación en la toma de decisiones. Entender que no solamente las instituciones tienen que funcionar. También que el proyecto colectivo exige responsabilidad y cuidado de todos, haciéndose cargo de lo que ha pasado en Chile”.

“Está muy bien que la gente apunte con el dedo a quienes están siendo procesados”, complementa Alberto Precht, si es que efectivamente resultan condenados, como ya ha ocurrido con el ex presidente de la UDI Jovino Novoa.

“Lo que tiene que hacer la clase política es analizar por qué hoy estos temas son los que generan rutinas de humor, escarnio público y pifias por parte del público. Hay que analizar cómo la gente está leyendo determinadas situaciones”.

Mientras que para Larenas, el respeto por las instituciones pasa por las grandes instituciones, pero también por aquellas de la sociedad civil que se han ido fortaleciendo. “No se les puede ningunear. Tenemos que respetar a todas las instituciones y no infringir lo mismo que estamos creando. Por eso que la gente no cree y ocupan este tipo de humor como catarsis”.

Reflexiones a las que Chahuán suma otra más. “Volver a generar diálogo y escucha activa, que están ausentes, en un país en el que las buenas noticias no son noticias y donde la cantidad de visiones negativas se va reproduciendo. No basta solo con decir que las instituciones funcionen”.