Plebiscito del 25 de octubre: una responsabilidad del Estado con la democracia

Hace casi un año comenzó un proceso que, probablemente pocos y pocas imaginábamos iba a culminar en un gran plebiscito, en el que por primera vez en la historia se pregunta a la ciudadanía si quiere o no una nueva constitución y el mecanismo para escribirla. ¡Hay tanto que atesorar sobre este preciso momento de máxima expresión de la democracia!

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Pero, bien sabemos, la democracia es un concepto abstracto y multidimensional. Desde la perspectiva ciudadana sentimos que la tenemos, sabemos que es importante, pero no entendemos bien cómo funciona y cómo hacer para que se fortalezca. Muchas veces, se confunde la democracia con el voto, pero vivir la democracia significa también que haya condiciones para expresarse libremente, a manifestarse y protestar, a tener una vida digna, a influir en la toma de decisiones, y muchas otras.

El año 2019, el PNUD publicó un interesantísimo informe “Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido” (que estuvo listo el día 17 de octubre de ese año, por eso incorporaron un pequeño análisis en torno al 18O), que nos entrega un importante dato: al año 2018, la proporción de personas que considera que la democracia en Chile funciona bien o muy bien solo alcanza un 11%, y un 57% sostiene que funciona en forma regular (“reguleque” como dirían por ahí). Hay entonces una necesidad urgente de fortalecer la democracia.

Por eso, el plebiscito del 25 de octubre es una oportunidad única para el ESTADO de asumir un compromiso real con ella y facilitar todas las condiciones para que el proceso cuente con la legitimidad que necesita. ¿Y por qué digo ESTADO y no gobierno? Porque fortalecer la democracia debe ser una labor del estado, no de agendas de gobierno según cómo le convenga. En particular, el gobierno sí tiene una responsabilidad enorme, y esa es la de entregar la seguridad a las personas que quieren concurrir a votar, de que habrá transporte gratuito (en medio de una profunda crisis económica, esto es casi un imperativo), de que no habrá riesgo de contagio, que la participación será informada y que todo el proceso que comience después del 25O (sea que gane el apruebo o el rechazo, habrá una necesidad de canalizar las energías que se pusieron en movimiento) conduzca a generar un espacio de diálogo constructivo, transparente y participativo, de manera que las decisiones que tomen las distintas autoridades sean legítimas y representativas.

Imagen: Huawei/Agencia Uno