Opinión: De la fallida Ley de Asociatividad a la guía de éstandares de participación

28 Junio 2016

Las consultas ciudadanas siempre ha sido tema de debate en materia energética, muchos creen que son la herramienta perfecta para tomar decisiones en democracia desde el otro lado de la vereda. 

Andrés Gillmore >
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El tema energético para el modelo neo-liberal de nuestra economía, es antes que nada un gran negocio para las grandes generadores, que sumados a los intereses creados de los diferentes lobistas por las suculentas comisiones que se generan y lo que significa el desarrollo de la impresionante infraestructura que se necesita para concretar el negocio, hacen que de una u otra manera sea de una rentabilidad a prueba de crisis, por ello tienen una fuerte influencia en la forma de hacer política; sobre todo ahora, que se ha abierto la posibilidad de exportar energía a Argentina, que permitiría desarrollar la matriz energética con una proyección de negocios nunca antes vista, que generaria en perspectiva suculentos excedentes por largos años para el mundo de los negocios privados de las generadoras y si para ello necesitan intervenir todos los ríos del sur austral chileno, tendrá que hacerse y punto.

Muchos de los que creímos que el peligro de seguir desarrollando tecnología del pasado en el mundo del futuro, interviniendo ríos con muros de contención y embalses eran parte del pasado, haciendo que HidroAysén y la Central Río Cuervo fuesen inverosímiles y que de una vez por todas se había optado por la opción de sostener el desarrollo de la matriz energética por medio de  energías renovables no convencionales (ERNC), a decir verdad fue un espejismo, que se diluyó ante la inminencia de las suculentas ganancias que permitiría el mercado energético argentino.

La nueva ley de transmisión energética patrocinada por el ministerio de energía con las grandes generadoras, ante la inminencia del nuevo mercado, ponen en perspectiva este nuevo escenario, de represar a como de lugar, a pesar que el gobierno declaró que Aysén no seria considerada como polo de desarrollo energético. Las dudas por la ambigüedad del gobierno en estas materias para lograr sus propósitos, llama a tener que estar más atentos que nunca a todos aquellos que vemos como se esta consolidando la idea de represar. Es un hecho de la causa que el ministro de energía Máximo Pacheco Matte, representante del grupo Luksic en el gobierno de la NM, llego a la Moneda con el objetivo de dejar amarrados todos los proyectos de intervención energética en los ríos del sur austral de Chile que fuese posible y llegar al fin del mandato del actual gobierno en gloria y majestad con la tarea hecha al grupo Luksic.

El gobierno desde que llegó a la Moneda ha pujado por este objetivo desde sus mismas entrañas. Hace poco se comprometió a entregarle todo el apoyo posible a las empresas generadoras eléctricas para que pudieran lograr el objetivo arriba descrito; teniendo en vista que la ley de asociatividad que el ministerio de energía pretendia no fue posible concretarla, al ser demasiado evidente que la ley tenía como objetivo, entregarle a las transnacionales la posibilidad que pudieran pagarle a las comunidades por intermedio de los municipios, para desarrollar sus proyectos energéticos, que a fin de cuentas no es otra cosa que pagar por contaminar y obviar de esa manera los EIA (Estudios de Impacto Ambiental). Los asesores gubernamentales duchos y estratégicos en estas lides para conseguir los objetivos requeridos, decidieron que lo mejor era cambiar la terminología sin alterar el objetivo, pasando de “Ley de Asociatividad” a una “Guía de Estándares de Participación Social” que al final es lo mismo, dicho de diferente manera. Sustentando la iniciativa con un acuerdo firmado rápidamente entre el Gobierno y las empresas generadoras de electricidad, dando inicio así a lo que supuestamente sería una nueva forma de fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones ante los grandes proyectos de desarrollo energético entre empresas y comunidades, “democratizando” la toma de decisiones, mediante consultas ciudadanas.

Las consultas ciudadanas siempre ha sido tema de debate en estas lides, muchos creen que son la herramienta perfecta para tomar decisiones en democracia desde el otro lado de la vereda. En Aysén fue tema relevante y recurrente cuando estábamos en plena batalla en contra de HidroAysén. Las ONG ambientalistas miembros de la CDP (Consejo de Defensa de la Patagonia) que representaban la región en Santiago y sus representantes regionales, siempre abogaron por este recurso, como la solución a todos los problemas.  

Me tocó asistir a varios seminarios en Santiago representando la Corporación Costa Carrera (Asociación de Empresarios Turísticos de la Cuenca del Baker) para debatir sobre la problemática energética y la sustentabilidad de Aysén ante la intención de HidroAysén, ante lo que significaría la intervención de los ríos ayseninos Baker y Pascua en el territorio de la Cuenca del Baker; siempre salía a relucir las consultas ciudadanas como posible solución al problema. Siempre he sido contrario a las consultas ciudadanas, cuando la ciudadanía no tiene las herramientas para informarse como debe ser y que puedan contar con acceso a una contraparte instruida, profesional y bien informada, que los oriente y permita desarrollar modelos reales de la posible problemática con la verdad verdadera de la situación social, ambiental y cultural. De no ser así, llegado el momento de enfrentar a las grandes transnacionales y los lobistas de gobierno en estas consultas ciudadanas, la ciudadanía tiene todas las de perder, aunque puedan sentirse ganadoras por un momento y eso las transnacionales lo saben y se ha transformado en la nueva estrategia.

Todos los movimientos sociales han tenido un denominador en común, una severa falta de financiamiento a la hora de entrar en batalla por sus derechos. Realidad que en un par de semanas crean un desgaste tal en los dirigentes, que les impide negociar con la altura de mira que necesitan. Los gobiernos negocian con la comodidad de saber que la problemática no los afecta en su vida diaria y con la tranquilidad de saber que a fin de mes reciben sus sueldos de empleados públicos. En contrapartida los negociadores y voceros de los movimientos sociales, viven una realidad totalmente contraria, sufriendo el escarnio de no recibir sueldos a sabiendas, que cada día que pasa se van haciendo más vulnerables en la negociaciones, asumiendo grandes costos sociales y familiares, de un tema que poco se sabe en forma pública y solo se tiene conciencia de ello cuando se esta enfrentado a la problemática.

Eso fue lo que precisamente les pasó a los dos movimientos sociales más emblemáticos del país; Aysén y Chiloe, que al final poco y nada lograron bajo los objetivos originales. En Aysén en un mes y medio de movilizaciones, con varios heridos en las trifulcas con las fuerzas especiales de carabineros, los miembros de la mesa negociadora estaban con tanto estrés ante la presión del gobierno y de sus congéneres, por la responsabilidad ante la comunidad, que al final el gobierno a sabiendas de esa dura realidad, abusó de esa condición y cortaron por el más débil de la mesa, Iván Fuentes. Basto que la DC de Aysén por medio del senador Patricio Walker le ofreciera un sueldo mensual y una candidatura a diputado al vocero estrella, para que todo el esfuerzo realizado por toda una región se perdiera y Fuentes con grandes necesidades económicas, renunció a los objetivos del movimiento en contra de la ley de pesca, por encontrar la tranquilidad y la comodidad que le deparaba el sueldo mensual que le dispuso la DC y ser a futuro diputado por Aysén.

Con el Movimiento Chilote sucedió lo mismo solo que bajo otra perspectiva. La falta de recursos para parar la olla de la gente ante una crisis existencial que llevaba años encubándose; sumado a la presión social reinante en los negociadores, permitio que en la urgencia se negociara mal y todo se cambio por irrisibles bonos, que a decir verdad no solucionaron nada de los problemas reales y que en la actualidad no exista una solución real para el archipiélago en la problemática ambiental que crearon las salmoneras, haciendo que el resto de Chile poco y nada se acuerde de lo que sucedió y más encima, el gobierno contrato un grupo de científicos, para hacer un estudio que informara lo que al gobierno y sus lazos empresariales más les acomode.

Una consulta ciudadana ante un proyecto de desarrollo de cualquier índole, es mucho más sensible y delicado que la elección de un alcalde, concejal, consejero, diputado, senador y hasta  del mismo presidente de la república, que solo cuentan con la proyección limitada del tiempo del mandato, que permite que si el susodicho no llena las expectativas, no cumple con las promesas de campaña, que no se lo vuelva a elegir. En cambio con un proyecto de desarrollo,  con una mal llevada consulta ciudadana que legitima la intención, sumado a una guía de estándares de participación al servicio de los intereses creados; los alcances pueden ser nefastos y perpetuos, borrando de una vez la proyección de desarrollo de toda una región y de cientos de familias, solo para enriquecer aún más a las transnacionales y los intermediarios chilenos; olvidándonos que en estos casos al igual que en la política, las consultas ciudadanas no las ganan las buenas ideas, si las buenas campañas. Que como todos sabemos y lo hemos estado viviendo en carne propia por muchos años, no son lo mismo bajo ninguna perspectiva y eso es extremadamente peligroso para el desarrollo sustentable de las regiones.

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