El miedo a la descentralización

13 Agosto 2020

Algunos temen que, al existir una autoridad regional elegida, de signo político eventualmente distinto al del gobierno central, la tarea de gobernar se torne más compleja.

Manuel Gallardo >
authenticated user Corresponsal Corresponsal Ciudadano

A principios de 2018 se promulgó la ley que regula las elecciones de gobernadores regionales. En virtud de ella, por primera vez en su historia, las regiones de Chile podrán elegir a su principal autoridad, poniendo fin a la figura del intendente regional designada por el presidente de la República.

Se trata de un paso incuestionablemente relevante para un país como el nuestro, extremadamente centralizado y de fuerte tradición presidencialista, proclive a la concentración del poder y a la toma de decisiones sin considerar, en muchos casos, las particularidades territoriales, sociales y culturales de sus regiones. Sin embargo, y en contra de lo que podría indicar el sentido común, no existe un acuerdo generalizado sobre la conveniencia de implementar la figura del gobernador regional.

Algunos temen que, al existir una autoridad regional elegida, de signo político eventualmente distinto al del gobierno central, la tarea de gobernar se torne más compleja.

Otros han expresado sus reparos a la forma de convivencia entre el gobernador elegido popularmente y el delegado presidencial regional, que será el representante del Presidente y asumirá las labores propias del gobierno interior. Y también están aquellos que, sin evidenciarlo públicamente, recelan del riesgo del cambio y de la pérdida -o redistribución- del poder que este proceso traerá consigo de manera inevitable.

En medio de la pandemia, se asumió la necesidad de cambiar las elecciones de alcaldes y gobernadores -programadas para octubre de este año- para abril de 2021, despejando la fecha original para otro proceso relevante: el plebiscito de entrada del proceso constituyente.

Hasta ese punto todo resulta razonable y nadie podría cuestionar tal decisión. Pero ahora ya se habla de postergar nuevamente las elecciones de los gobernadores. Algunos extienden el horizonte a noviembre de 2021 y otros derechamente se han mostrado partidarios de aplazarlas indefinidamente.

Los más conservadores apelan a la falta de implementación del conjunto de normas y a la demora en el traspaso de atribuciones y de recursos para que la figura del gobernador opere con total propiedad. “Sería muy débil” afirman.

Al otro extremo se ubican aquellos que argumentan que se trata de un cambio superfluo a las puertas de un proceso constituyente que podría tomar decisiones en un sentido distinto para el futuro de las regiones y su administración. Sería innecesario”, proclaman.

En algún punto intermedio, un grupo señala que no están dadas las condiciones para ejecutar un cambio tan trascendente, especialmente en un escenario mediado por los efectos de la pandemia y por el malestar social que, para ser enfrentado, requiriría de un gobierno fuerte y unitario y no de unidades territoriales con capacidad y autonomía propias. “Sería demasiado poder” auguran.

El gobierno, en tanto, ha demorado el envío de los reglamentos que establecen los traspasos de competencias a los gobiernos regionales y, en cambio, ha sido muy diligente para convocar mesas y comités de expertos que analicen y re-analicen las eventuales deficiencias legislativas en la materia, evidenciando de este modo una clara tendencia a la dilación de la materia.

Detrás de todo esto parece haber un elemento en común. El miedo a la descentralización y a todo lo bueno, lo regular y lo malo que este cambio puede traer consigo.

En las próximas semanas habrá novedades. Es de esperar que sean positivas para la mayoría y no un nuevo episodio de acomodos para una elite centralista acostumbrada a mirar las regiones desde la altura, la distancia y la indiferencia.

Imagen: HUawei/Agencia Uno