Columna Sergio Galilea: "Acuerdo Constitucional de Educación"

“El Estado de Chile establece un Sistema Público Nacional de Educación, con gestión descentralizada, que garantice plenamente el acceso y la calidad a todos los chilenos.  Dicho Sistema dará cuenta de la educación pre básica, básica, media, técnica y universitaria.  Anualmente la Ley de Presupuestos contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de esta norma constitucional.  Este Sistema coexistirá con iniciativas e instituciones privadas de educación en todos los niveles y esas actividades no podrán tener fines de lucro y serán fiscalizadas por una Superintendencia del Ministerio de Educación”.

Creo que la Constitución Política del Estado de Chile debe contemplar este párrafo, porque es clave para nuestro ordenamiento social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de una democracia activa.  Solo el acceso igualitario y de calidad a la educación, para todo chileno, de acuerdo a sus propias capacidades, es garantía de una sociedad justa y desarrollada.  Párrafos de “este tipo” existen en prácticamente el  conjunto de las constituciones de los países de la OCDE.  No hay razón para no considerarlo en Chile.  Es, por lo demás, una demanda ciudadana que cuenta con a lo menos un 70 a 80% de aprobación.

Por cierto que las respectivas Leyes y Reglamentos normarán el cumplimiento de esta norma constitucional.  Pero en la Constitución debe haber garantía de acceso, calidad y financiamiento público.

La crisis educacional actual activada por un movimiento estudiantil de jerarquía, calidad y compromiso, obliga a la sociedad chilena a una respuesta de nivel constitucional, que nos obligue de aquí en más, a cumplir estas normas para la vida del país.  El propio Gobierno se ha “abierto” a una normativa constitucional de nuevo tipo, aunque incompleta en mi concepto.  Puede construirse una propuesta con alternativas, porque no podemos estar de acuerdo en todo.  Al Ejecutivo y al Parlamento le corresponde presentar y plantear el texto y sus alternativas.  Si persistiera algún desacuerdo sobre estas materias tan esenciales, deberíamos darle la decisión al pueblo soberano.

Me parece justo y acorde con las demandas ciudadanas, pero sobretodo indispensable en un país que debe avanzar al desarrollo.  Me parece civilizado, porque se trata de un camino en el que nadie debe sentirse violentado.  Después de todo en democracia, o se acepta dirimir esto  ahora, o lo dirimiremos en la próxima elección presidencial.  Sin embargo, creo que “es el tiempo”, y todos debemos estar a la altura de nuestras responsabilidades históricas.