Inédita articulación ciudadana denuncia a empresa inmobiliaria por destrucción de santuario de la naturaleza en río Maullín

27 Enero 2021

En ella participaron más de 20 organizaciones y más de medio de centenar de actores locales vinculados al urbanismo, la ecología, cultura, las artes.


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Con el fin de buscar que se inicie una investigación, se establezcan sanciones y se ordene la reparación del daño causado, es que organizaciones sociales, gremiales, y diversos actores culturales, turísticos y del medio ambiente y el urbanismo de la región, se unieron para presentar una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra de la empresa inmobiliaria Alto Maullín SpA a raíz de un proyecto inmobiliario que ha generado un grave daño ambiental, destruyendo importantes ecosistemas, actualmente protegidos por la normativa vigente y reconocidos a nivel mundial.

Se trata de los trabajos que, en agosto de 2020, inició la empresa Alto Maullín SpA que con maquinaria pesada y en un predio de 50,3 hectáreas pretende llevar a cabo el proyecto “Parque Natural Residencial Alto Maullín", que considera un loteo exclusivo con acceso vigilado y urbanización para 87 parcelas de 5.000 metros cuadrados cada una, además de otras instalaciones.

Cabe señalar que el lugar, donde se ejecuta el proyecto inmobiliario, fue declarado como Sitio Prioritario de Conservación para la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el año 2003 por la entonces Comisión Nacional del Medio Ambiente, y en noviembre de 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, a petición de la Municipalidad de Maullín, declaró la creación de un nuevo Santuario de la Naturaleza, que otorga protección legal a 8.152 hectáreas de humedales conformados por el río Maullín y sus principales afluentes.

Según se indicó hace ya varios años, la ribera del Río Maullín se ha visto amenazada por el desarrollo inmobiliario, aumentando la cantidad de lotificaciones que en el marco de sus planes comerciales ofrecen acceso al río, dañando de forma irreparable la cualidad única del ecosistema que hoy es parte de un Santuario de la Naturaleza.

Ante el avance de las obras la situación fue denunciada ante CONAF, lo que derivó en una denuncia ante el Juzgado de Policía Local de Llanquihue; frente a la Intendencia Regional de Los Lagos y la SEREMI de Medio Ambiente. En paralelo se iniciaron acciones legales en contra de la inmobiliaria a partir de la vulneración de derechos denunciada por una comunidad huilliche residente en ese sector. Sin embargo, los trabajos han continuado lo que llevó a diversos actores locales a recurrir a la Superintendencia de Medio Ambiente Anaís Baraona, integrante del Movimiento Ciudadano Transforma Puerto Varas y una de las fundadoras del Observatorio de DD.HH. de la zona, impulsó una denuncia colectiva para presentarla ante la Superintendencia de Medio Ambiente, precisando que “con la investigación que hemos realizado, descubrimos que los trabajos de destrucción en la ladera no son para un corredor o camino de acceso a la ribera del río, sino que para comenzar la etapa 2 del proyecto que llegará hasta la ribera misma del Río Maullín, pasando por encima no sólo de toda la protección otorgada por la declaratoria de sitio prioritario y santuario de la naturaleza, sino también por la prohibición expresa contenida en la Ley sobre Recuperación de Bosques y Fomento Forestal. Hay además otras infracciones flagrantes a diversas normativas, como la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y es por eso que en unión con distintas personas y organizaciones decidimos iniciar esta acción”.

Por su parte, el alcalde de Maullín, Jorge Westermeier, formuló un llamado “a las iniciativas privadas, especialmente a estos loteos que se hacen con la idea de generar parcelas de agrado, que lamentablemente se hacen sin ningún tipo de contemplación con el medio ambiente. A considerar por lo que ocurre aguas arriba, que también termina perjudicando a quienes vivimos aguas abajo. Queremos que esta situación termine y que los organismos públicos hagan cumplimiento de las funciones que les corresponde”.