Este jueves 9 de agosto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella criminal en contra del Fiscal Adjunto de Puerto Montt, Sergio Coronado Rocha y en contra de todos/as aquellos/as que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores/as por el delito de tortura en perjuicio de Milton Hernández Vargas.

El pasado 15 de abril, Milton Hernández fue trasladado hasta la Fiscalía Local de Puerto Montt -en calidad de testigo- por la desaparición de Mariela Barra Díaz, hecho ocurrido en julio de 2011. En el lugar, según denuncia Hernández, fue golpeado, amenazado y maltratado psicológicamente con el fin de que se hiciera responsable de un delito que asegura no ha cometido.

Además, según establece la querella presentada por el INDH, se le acusó a Hernández de haber violado y matado a Mariela Barra, y el fiscal Coronado lo habría presionado para que confesara el crimen, diciéndole que contaba con declaraciones de testigos que lo sindicaban como el autor.

La querella presentada por el Instituto consigna también que Milton Hernández estuvo detenido durante 25 horas a disposición del fiscal Coronado y de los/as funcionarios/as policiales que vestían de civil. En el transcurso de estas horas –en el que en fue tratado con golpes y amenazas psicológicas- se le interrogó reiteradamente y fue trasladado esposado hasta el sector en que supuestamente habría enterrado a la mujer desaparecida, con el objeto de que indicara en qué lugar específico la había escondido después de violarla.

Sobre la acción judicial, Lorena Fries, Directora del INDH, enfatiza que “los golpes y las amenazas que denuncia el afectado, una vez aprehendido, es una violación a los derechos humanos ante la que el INDH debe actuar. Es muy grave que un fiscal o cualquier otro agente del Estado incurra en este tipo de actos, por lo que queremos que el hecho se investigue, y se sancione a quienes resulten responsables, con el fin de que no se repitan este tipo de situaciones en Puerto Montt o en cualquier otro lugar del país”.

Este tipo de acciones constituyen tortura, que además de ser un delito en Chile, es una violación grave a los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales vigentes en el país. El Estado, por tanto, tiene la obligación de investigar, juzgar, sancionar a los/las responsables y reparar a las víctimas.

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes señala que es tortura "todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sea físico o mental, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión (…)cuando dichos dolores sean ocasionados por funcionarios públicos u otras personas en ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia".