Buenas conversaciones, buenos futuros
La crisis de la Salmonicultura y la respuesta de los Trabajadores
20 Octubre 2008
El Estado debe proponerse invertir fondos en la generación de Empresas de su propiedad, que garanticen una producción limpia, estabilidad laboral y salarios decentes para los trabajadores.Por Yuri Godoy
El Repuertero >
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Tal como lo señaláramos, hace un tiempo ya, la crisis de la salmonicultura esta teniendo sus efectos sociales significativos. El despido masivo de trabajadores, más de 4000 hasta la fecha, es un indicador concreto que la crisis es manejada por parte del empresariado reduciendo los costos de mano de obra para enfrentar este periodo, siendo una vez más los trabajadores quienes pagan una crisis que solo es responsabilidad de las empresas, ya que esta es el resultado de políticas sanitarias que privilegiaron la explotación intensiva del salmón sin medir las consecuencias que esta podría tener.
Hoy, los distintos actores involucrados sugieren distintas formulas cada uno con el fin de salvaguardar sus intereses: el empresariado solicita al Gobierno 250 millones adicionales a los 600 millones de dólares, comprometidos en el mensaje presidencial del 21 de mayo, para solucionar el problema del ISA, cuestión francamente irrisoria ya que se solicita al Estado aportar los recursos para resolver un problema originado por privados, y que se suman a los millones de dólares que el Estado ya entrega, vía subsidios a las empresas salmoneras, es decir un negocio fabuloso que sobrevive gracias al aporte de todos los chilenos.
Por otra parte, surgen las propuestas de los trabajadores, en dos sentidos: por una parte se plantea que los procesos de negociación colectiva pendientes, para este y principios del próximo año, deben garantizar más que reajustes salariales estabilidad laboral; si bien es cierto es un planteamiento que surge de dirigentes sindicales y muestra preocupación por sus pares, este es un planteamiento, al menos complejo para los trabajadores, ya que en la lógica empresarial la única forma de garantizar continuidad es reduciendo al máximo los costos actuales de producción, que obviamente incluye la mano de obra, por tanto muchas de las conquistas salariales de los trabajadores salmoneros podrían verse seriamente afectadas a cambio de estabilidad.
También surge la propuesta que el Estado subsidie directamente a los trabajadores en periodos de cesantía, que si bien es cierto cambia el eje del destino de los recursos estatales tampoco es una solución de fondo a las necesidades de los trabajadores.
Hoy en día, lo que queda en evidencia es el consenso de empresarios y trabajadores en el sentido que el Estado debe actuar en forma directa y activa en la solución de esta crisis, sin embargo, la pregunta que corresponde hacernos es: si la solución más efectiva es que el Estado intervenga como un espectador que se pone en momentos duros y mantenga las mismas condiciones del juego.
Claramente no puede ser así, aquí las condiciones deben cambiar y todos los aportes que el Estado realice deben estar sujetos o condicionados a mantener estabilidad laboral, lo primero que el Estado debió preocuparse fue que las Empresas mantengan sus dotaciones de trabajadores al menos en las mismas condiciones que actualmente tienen y en cada empresa con procesos de negociaciones colectivas pendientes asegurar reajustes en torno al IPC, que den cuenta del alza del costo de la vida.
A lo anterior, es necesario sumar que el Estado reoriente su rol en el ámbito de la salmonicultura, donde este no sólo se limite a gastar dineros de todos los chilenos en subsidios a privados que solo sirve para llenar los bolsillos de unas pocas familias, a través, del incremento de las utilidades de las Empresas. El Estado debe proponerse seriamente invertir fondos en la generación de Empresas de su propiedad, sin fines de lucro, que garanticen una producción limpia, estabilidad laboral y salarios decentes para los trabajadores.
También, el Estado debe orientar políticas redistributivas que fomenten el cooperativismo en el sector acuícola, apoyando la creación de cooperativas asistiendo técnica y financieramente estas, otorgándole concesiones acuícola para su explotación y de esta forma redistribuir de forma más equitativa la riqueza y de paso aprovechar esta coyuntura para colaborar con las familias que menos tienen a enfrentar estos periodos de crisis, entregándoles herramientas permanentes para su desarrollo.
Hoy, los distintos actores involucrados sugieren distintas formulas cada uno con el fin de salvaguardar sus intereses: el empresariado solicita al Gobierno 250 millones adicionales a los 600 millones de dólares, comprometidos en el mensaje presidencial del 21 de mayo, para solucionar el problema del ISA, cuestión francamente irrisoria ya que se solicita al Estado aportar los recursos para resolver un problema originado por privados, y que se suman a los millones de dólares que el Estado ya entrega, vía subsidios a las empresas salmoneras, es decir un negocio fabuloso que sobrevive gracias al aporte de todos los chilenos.
Por otra parte, surgen las propuestas de los trabajadores, en dos sentidos: por una parte se plantea que los procesos de negociación colectiva pendientes, para este y principios del próximo año, deben garantizar más que reajustes salariales estabilidad laboral; si bien es cierto es un planteamiento que surge de dirigentes sindicales y muestra preocupación por sus pares, este es un planteamiento, al menos complejo para los trabajadores, ya que en la lógica empresarial la única forma de garantizar continuidad es reduciendo al máximo los costos actuales de producción, que obviamente incluye la mano de obra, por tanto muchas de las conquistas salariales de los trabajadores salmoneros podrían verse seriamente afectadas a cambio de estabilidad.
También surge la propuesta que el Estado subsidie directamente a los trabajadores en periodos de cesantía, que si bien es cierto cambia el eje del destino de los recursos estatales tampoco es una solución de fondo a las necesidades de los trabajadores.
Hoy en día, lo que queda en evidencia es el consenso de empresarios y trabajadores en el sentido que el Estado debe actuar en forma directa y activa en la solución de esta crisis, sin embargo, la pregunta que corresponde hacernos es: si la solución más efectiva es que el Estado intervenga como un espectador que se pone en momentos duros y mantenga las mismas condiciones del juego.
Claramente no puede ser así, aquí las condiciones deben cambiar y todos los aportes que el Estado realice deben estar sujetos o condicionados a mantener estabilidad laboral, lo primero que el Estado debió preocuparse fue que las Empresas mantengan sus dotaciones de trabajadores al menos en las mismas condiciones que actualmente tienen y en cada empresa con procesos de negociaciones colectivas pendientes asegurar reajustes en torno al IPC, que den cuenta del alza del costo de la vida.
A lo anterior, es necesario sumar que el Estado reoriente su rol en el ámbito de la salmonicultura, donde este no sólo se limite a gastar dineros de todos los chilenos en subsidios a privados que solo sirve para llenar los bolsillos de unas pocas familias, a través, del incremento de las utilidades de las Empresas. El Estado debe proponerse seriamente invertir fondos en la generación de Empresas de su propiedad, sin fines de lucro, que garanticen una producción limpia, estabilidad laboral y salarios decentes para los trabajadores.
También, el Estado debe orientar políticas redistributivas que fomenten el cooperativismo en el sector acuícola, apoyando la creación de cooperativas asistiendo técnica y financieramente estas, otorgándole concesiones acuícola para su explotación y de esta forma redistribuir de forma más equitativa la riqueza y de paso aprovechar esta coyuntura para colaborar con las familias que menos tienen a enfrentar estos periodos de crisis, entregándoles herramientas permanentes para su desarrollo.
