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A pocos días de cumplirse el tercer año de gobierno de Michelle Bachelet,  la Fundación Ciudadano Inteligente ha lanzado la sexta versión del estudio “Del Dicho al Hecho” www.deldichoalhecho.cl, [12] que tiene por objeto analizar en detalle las promesas legislativas de Gobierno y revisar su cumplimiento. El estudio, además, busca dar información que empodere a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su derecho a exigir el cumplimiento de las promesas realizadas por los representantes, fortaleciendo su capacidad de fiscalización y control de gestión.

En esta oportunidad, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet muestra un avance del  48% en el cumplimiento de promesas legislativas de su programa de gobierno. Al mismo tiempo, el estudio cifra en 2,5 (en una escala de 1 a 4) la coherencia entre las promesas legislativas y los proyectos de ley efectivamente enviados al Congreso. Ambas cifras son superiores a las del gobierno de Sebastián Piñera en la misma etapa de su mandato (37% con una coherencia de 2,3). Sin embargo, cabe mencionar que la coalición del actual periodo cuenta con la mayoría parlamentaria, condición con la que el  gobierno anterior no contó.

Sobre el cumplimiento por áreas

Las áreas en las que más ha avanzado el gobierno de Michelle Bachelet son  Energía, con un 95% de cumplimiento, Educación con 73%, Equidad de Género con 68% y Salud con 67%. En el otro extremo se encuentran las áreas de Transporte y Telecomunicaciones con 8% , Defensa con un 23% y las áreas de Agricultura e Infancia y Jóvenes con un 20%.

Al respecto, Octavio del Fávero, coordinador legislativo de Fundación Ciudadano Inteligente señaló: “El Gobierno muestra un avance importante en comparación con la administración anterior, pero sigue siendo bajo en cuanto a lo efectivamente prometido. Cumplir con cerca de la mitad de lo que se comprometió no es suficiente desde la perspectiva ciudadana”. Del mismo modo, Del Fávero añadió que “hay promesas muy sentidas para la ciudadanía que no tienen un avance o se encuentran estancadas y excluidas de las prioridades del Gobierno, tales como la  ley de identidad de género, ley de Isapres, AFP, Ley Reservada del Cobre y la Nueva Constitución. Al mismo tiempo, hay que reconocer avances importantes en temas sensibles como la Alta Dirección Pública, la probidad y financiamiento de la política, Ley Ricarte Soto, sanciones a la colusión, Ministerio de la Mujer y el Acuerdo de Unión Civil”.

Por su parte, la directora de Política Educativa de Educación 2020, Nicole Cisternas, evaluó los avances del gobierno en Educación: “Nuestra evaluación es regular. Destacamos cambios históricos, como carrera docente y ley de inclusión, que busca eliminar la vergonzosa segregación, pero aun así el cumplimiento es parcial, falta aprobar la nueva Educación Pública y la reforma a la educación superior. El gobierno también ha tenido dificultades para guiar el trabajo legislativo, lo que retrasa las reformas. Y por último, le ha costado comunicar la reforma y sintonizar con la ciudadanía”.

Por otro lado, Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales, señaló: "Valoramos la voluntad en despachar rápidamente la Ley de Unión Civil, la cual fue aprobada por el Congreso a los 10 meses de iniciado este Gobierno, algo que en tres años no hizo la administración anterior. Sin embargo, el proyecto de ley de identidad de género se mantiene en el mismo estado desde hace tres años, y aún no se presentan los proyectos de matrimonio igualitario y de reforma a la Ley Antidiscriminación. En este sentido hemos insistido en que la sola presentación de proyectos no constituyen políticas públicas y, por lo mismo, deben ir acompañados de las urgencias legislativas para que avancen en su tramitación y se conviertan prontamente en ley".

Para más información respecto al estudio y su metodología, revisar deldichoalhecho.cl/estudio [13]