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Hay avance, pero falta. El proceso de descentralización tiene un mes clave: Mayo. Y Heinrcih von Baer, predidente de la "Fundación Chile Descentralizado... Desarrollado" [11], detalla que los proyectos de Ley de Reforma Constitucional y del Traspaso de Competencias en el Senado y en la Cámara de Diputados son vitales.

Sobre los avances, la idea de lesgislar, la voluntad política, la reunión de abril con la Presidenta Michelle Bachelet y el Ministro Secretaria Nicolás Eyzaguirre, junto a más detalles, a continuación.

¿Cuáles son los principales avances del proceso de descentralización desde que la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional entregara su Informe a la Presidenta en octubre de 2014?

Hay avances que son importantes, pero son lentos e insuficientes. La Comisión Asesora presidencial propuso 70 medidas estratégicas, 10 de ellas de carácter esencial en 5 ejes: el primero de descentralización política, traspaso de poder; el segundo de descentralización administrativa, traspaso de competencias; el tercero de descentralización fiscal y económica, traspaso de recursos, todos ellos de uso autónomo; el cuarto fortalecimiento de las capacidades regionales y locales; y, el quinto sobre participación ciudadana y control democrático. En sólo dos de esos 5 ejes hay proyectos en trámite legislativo.

La principal reforma es la de descentralización política que fue presentada por el gobierno a fines de 2014. Sin embargo, el proyecto en su contenido, en su estructura y en su calidad técnica distaba mucho de lo que era esperable. Además, en cuanto a tiempos de avance del proyecto (ya llevamos más de un año y medio desde que se presentó) la respuesta ha sido insatisfactoria.

El avance que ha existido se ha dado producto del debate público iniciado desde entonces a la fecha con un aporte muy importante de la Fundación Chile Descentralizado con la organización de 4 seminarios nacionales y 10 seminarios regionales durante 2015, y como resultado de esa sensibilización y argumentación hacia el mundo político parlamentario, el Gobierno cedió a la lógica de no insistir en su propuesta original. Se logró corregir, eliminando la polémica figura del gobernador regional, por ejemplo, que hacía las veces de vigilante del Intendente electo en el proyecto original.

¿Ese sería, entonces, un primer avance importante?

Sí, porque más allá del nombre de esa figura, se ha cambiado y ahora el “Gobernador Regional” es la denominación que corresponde al intendente electo democráticamente, ese Gobernador será la persona elegida por la ciudadanía y el gobierno designará “delegados presidenciales” a nivel de las provincias de cada región, lo que distingue mucho mejor los respectivos roles, para que la ciudadanía pueda entender de qué se trata.

¿Cuáles serían los puntos críticos de ese proceso que se ha iniciado con la aprobación de la idea de legislar por 37 a cero? ¿Qué problemas tenemos en carpeta?

El más importante se refiere al sistema electoral para escoger al Gobernador Regional (intendente electo). Allí, ambas partes, calculadora en mano, están proyectando cómo les irá en la elección que tendría lugar en noviembre de 2017 y esto demora y entorpece el proceso.

Las opciones planteadas son el sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta que propone la Nueva Mayoría y el sistema de elección por mayoría simple en primera vuelta, igual al que rige actualmente para los alcaldes, que propone la oposición y los independientes. Ninguna de las dos alianzas tiene mayoría de votos para imponer uno u otro criterio. Hay que encontrar un acuerdo.

¿Cree Usted que hay voluntad política para que este proceso llegue a la meta de las elecciones en 2017?

Bueno esto no es blanco o negro. El problema es que el tiempo está corriendo en nuestra contra. Si no se lograra la aprobación del actual trámite de la Reforma Constitucional y de la Ley de Traspaso de Competencias durante el mes de mayo, esto ya no sale para la elección de 2017.

Usted estuvo el 10 de abril con el Ministro Secretario General de la Presidencia ¿qué pasó allí?

La reunión con la Presidenta y la reunión con el Ministro Eyzaguirre las pedimos para pedir las urgencias necesarias con el propósito de sacar adelante en plazos adecuados para tener la elección de las máximas autoridades regionales en 2017, ya que las urgencias las maneja el gobierno.

La Presidenta escuchó mucho y fue tomando decisiones. Primero, la necesidad de fijar las urgencias necesarias, cuestión que debe manejar el Ministro Secretario General de la Presidencia. Y. segundo, se abrió y dio mandato para construir acuerdos entre gobierno y oposición en los puntos críticos, en especial respecto del sistema electoral. Ella fue clara en la necesidad de buscar alguna solución mixta entre la fórmula de mayoría absoluta con segunda vuelta que proponen los parlamentarios de la Nueva Mayoría y la fórmula de mayoría simple en primera vuelta que han planteado los parlamentarios de oposición.

Por otra parte, en la reunión con el Ministro Eyzaguirre se concluyó que la fijación de urgencias está relacionada con la construcción de acuerdos; cuestión que fue confirmada posteriormente con el Subsecretario de Desarrollo Regional quien elaboró un borrador de Protocolo de Acuerdos a ser negociado en las comisiones de Gobierno del Senado y de la Cámara de Diputados.

Entonces, mayo parece ser el mes clave para saber si ambos proyectos de Ley, el de Reforma Constitucional y el de Traspaso de Competencias serán aprobados por el Senado y la Cámara de Diputados y así dar vida al proceso de descentralización ¿Es así?

¡Absolutamente! Eso es clave. Si no se aprueban en mayo los respectivos proyectos en ambas Cámaras no se alcanza a cumplir dentro de este período de gobierno los compromisos contraídos por la Presidenta.

Por eso, es necesario poner máxima prioridad y máxima presión desde todas las comunidades regionales para asegurar el avance de este proceso. Lo que está en juego no es la pérdida de un año, sino el éxito o fracaso de todo un período de gobierno en materia de descentralización.