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“El Estado debe cumplir un rol central en el desarrollo de la patria y en la generación de condiciones necesarias para que toda la población, sin distinciones de ningún tipo, pueda desplegar sus talentos, sus potencialidades y hacer realidad sus sueños”, fueron las palabras que expresó la Presidenta Mandataria al momento de firmar la nueva ley.

Según se indicó, las nuevas universidades deben estar dirigidas a potenciar el desarrollo de cada región y a fortalecer el vínculo de los jóvenes con su territorio.

A estos dos nuevos centros de estudio, deberá sumarse una tercera universidad estatal, lo que se enmarca en línea de trabajo que impulsa el gobierno en materia de la reforma educacional, el fortalecimiento de la educación pública, la descentralización y la equidad en la Educación Superior.

Tras la promulgación, el cronograma de la ley contempla que en los próximos 30 días, el Gobierno debe nombrar a los rectores de cada establecimiento para que inicien la implementación de las instituciones.

Tras su nombramiento, los rectores de ambas casas de estudio deberán definir al equipo académico y administrativo de cada plantel con el fin de encabezar la redacción de los primeros Estatutos Orgánicos y el primer plan de desarrollo estratégico de cada institución, así como el modelo educativo e instalación del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) a la educación superior.

El plazo para esta tarea es contar con toda esta documentación académica y administrativa con el fin de que los primeros estudiantes puedan ingresar en 2017.

Desde 1947 que el Estado no creaba una universidad estatal que no derivara de una ya existente, fecha en la que se creó la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago de Chile.