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“Quiero que sepan con responsabilidad y con sinceridad, que mientras esté nombrado Presidente Constitucional democráticamente, si quieren sacarme me sacarán muerto del Palacio, acá vamos a defendernos”, expresó el pasado sábado, ante centenares de trabajadores en el pueblo minero de Llallagua.

Calificó como “sirvientes del imperialismo norteamericano” a los gobernadores opositores que “van tocando la puerta de las Fuerzas Armadas”.

La declaración presidencial, reproducida por los medios de comunicación, pareció mostrar que seguía lejana la posibilidad de un diálogo para bajar la tensión provocada por contradictorios proyectos de nueva Constitución y autonomías regionales.

El Presidente manifestó que “hay que liberar a algunas regiones, como en Santa Cruz. Estoy seguro que alguna gente reflexionará; pero si no, el pueblo se impondrá frente a esos pequeños grupos que humillan al pueblo boliviano. Yo siento que algunos grupos no quieren unidad, ustedes los tienen identificados. Siento que la conciencia del pueblo boliviano va creciendo en toda Bolivia. Yo estoy convencido (que) la próxima rebelión, así como la de la ciudad de El Alto, va a ser en Santa Cruz”. Aseguró que “aquí estamos apostando pacíficamente y en democracia. Esto tienen que entenderlo las oligarquías”.

Desde La Paz, el vicepresidente Álvaro García Linera reiteró la voluntad del Gobierno de iniciar un diálogo sobre la crisis del país; sin embargo, exigió a los opositores no condicionar el encuentro y que tengan una actitud “relajada” y no fomenten la confrontación. “Tres veces hemos convocado al diálogo desde octubre. Pero, por favor, que haya una actitud relajada, no de confrontación”.

“Las puertas del Palacio Quemado están abiertas. Volvemos a convocar de manera franca a los prefectos a que concurran al diálogo abierto que ha sido planteado por el Presidente”. Desmintió, sin embargo, versiones de prensa que lo señalaron como protagonista de un diálogo secreto con los prefectos.

Además de rechazar el proyecto constitucional que extenderá las autonomías hasta las comunidades indígenas, las autoridades departamentales se oponen a financiar la futura pensión universal de ancianos con parte de una regalía conocida como Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

La alianza derechista Podemos, normalmente en línea con el prefecto y el movimiento cívico de Santa Cruz, intentó bloquear el pasado sábado el proyecto oficial de pensión universal, incluido en la ley de presupuesto nacional del 2008, pero el Gobierno dijo que la norma entrará “sí o sí” en vigencia en enero.

El pasado sábado, el constituyente Carlos Romero, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido afín al Gobierno, denunció que fue víctima de un supuesto atentado cunado un grupo de jóvenes lanzó un explosivo al interior de su casa, en la ciudad de Santa Cruz. Ni el asambleísta ni su familia estaban en la vivienda al producirse el incidente.

Fuentes: BBC, La Razón, Reuters.

Foto: Alain Bachellier [6]