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En Santiago aún se siente el calor del último verano. Todavía la gente usa chores y lentes de sol. Cerca de La Moneda, exactamente, entre la Alameda Bernardo O’Higgins y Morandé, hay un grupo de turistas que, por la forma de hablar, parece una familia brasileña. Ellos detuvieron su marcha para tomar unas fotos, pero no a La Moneda sino a una protesta denominada “Caminata de los sin voz”, realizada el día 31 de marzo del presente año.

No es una protesta “multitudinaria”, a lo mucho hay veinte personas. No hay tambores, pero todos gritan con fuerza e indignación. Algunos de sus carteles dicen: “No estamos todos, faltan los presos y presas”; “No más torturas en las cárceles”; “81 razones para no olvidar”. Esta última frase está grabada en una gigantografía, acompañada de imágenes del incendio de la cárcel de San Miguel, acaecida el 8 de diciembre de 2000, justo a dos días de celebrarse el Día internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En esta manifestación también hay otro grupo de personas, casi la misma cantidad y con uniformes, Carabineros de Chile. Muchos de ellos observan el acto con indiferencia, quien sabe a la espera que “alguien mueva un lápiz” para poder actuar. Una carabinera en cambio prefiere mirar el acto desde un lugar privilegiado, frente a los manifestantes, con una cámara en la mano, por si algún detalle se le escapa.

La gran mayoría de los manifestantes son familiares de las personas privadas de libertad que murieron calcinadas en aquel fatídico ocho de diciembre. Otros son parientes o amigos de privados de libertad que actualmente están cumpliendo una pena en un recinto penitenciario de Santiago. Y unos pocos son personas que se solidarizan con la problemática carcelaria que existe en Chile. Dicha problemática involucra como responsables a: Gendarmería, Poder Legislativo y Poder Judicial.

En el caso del Poder Legislativo, porque aún no dicta una ley de ejecución de penas, acorde a los Tratados internacionales de derechos humanos aplicables a las cárceles (por ejemplo: las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de 1955, dictado por la ONU). En lo que respecta al Poder Judicial, actualmente, viene incumpliendo su obligación de control de la legalidad al interior de los recintos penitenciarios. Excusarse de ello en razón a la falta de una ley de ejecución de penas, resulta una explicación insuficiente. Pues la normativa vigente establece mecanismos de defensa para personas privadas de libertad, tales como los recursos de protección y de amparo. Sin embargo, investigaciones socio-jurídicas, como la efectuada por el jurista alemán J. Stippel (ver el libro, “Cárcel, Política y Derecho”), nos dicen que la actitud del aparato judicial es pasiva frente a la vulneración de los derechos no afectados por la condena de las personas privadas de libertad (derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la sexualidad), porque la gran mayoría de los recursos de protección o amparo, interpuestos por personas privadas de libertad o sus familiares, vienen siendo rechazados sin fundamento jurídico alguno; lo cual en cierto grado legitima el proceder arbitrario de Gendarmería.

Termina el acto de protesta pero antes, uno de los organizadores de la “Caminata de los sin voz” ha hecho entrega a la mesa de parte de La Moneda un memorial dirigido a la Presidente de la República en donde solicita la pronta solución del problema carcelario del país. Entre otros problemas podemos mencionar: actos de tortura al interior de los recintos penitenciarios, traslados injustificados de personas privadas de libertad a lugares distantes de sus familiares, restricciones al ejercicio de la sexualidad, especialmente, a mujeres privadas de libertad; excesivas horas de encierro y pocas horas de patio, muertes en los recintos penitenciarios, obstáculos legales para “eliminar antecedentes penales”, etcétera.

Esta “Caminata de los sin voz” reclama también mayor conciencia ciudadana a la sociedad, porque es allí a donde retornaran los privados de libertad una vez cumplida su pena.