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Con la presencia de diversos empresarios y los ministros de Energía, Minería y Medio Ambiente, el Presidente Sebastián Piñera anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que modifica el sistema de transmisión y crea una Carretera Eléctrica Pública, como parte de la Estrategia Nacional de Energía, que pretende aumentar la matriz en un 60 por ciento para el año 2020.

El mandatario, luego de valorar el aumento en la inversión de proyectos energéticos durante su administración, anunció que se unirán los Sistemas Interconectados del Norte Grande y el Central y que, durante el primer semestre del próximo año, se licitará la construcción de la Carretera Eléctrica Pública.

“Esta carretera va a ser abierta, competitiva, transparente a todos los generadores, a todos los distribuidores  y, sin duda, va a permitir una enorme ganancia en materia de costos económicos, protección del medio ambiente y en esto el Estado va a asumir un rol central y muy importante. Nosotros creemos en un Estado subsidiario, pero dentro de ese concepto, el Estado no puede eludir su responsabilidad cuando, por distintas razones, el sector privado enfrenta dificultades, a veces insuperables, para cumplir ese rol”, explicó Piñera.

Sin embargo, dicho proyecto ha sido objeto de fuertes críticas de parte de diversos parlamentarios, académicos y organizaciones medioambientales, que cuestionan el modelo energético del país que, a juicio de muchos, demostró no ser idóneo.

En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, afirmó que Chile está en la disyuntiva de seguir con sistemas de transmisión de siglo pasado o implementar sistemas inteligentes.

En este sentido, la experta agregó que la idea de una columna vertebral que transmita y distribuya la energía es positiva, pero se debe alimentar con redes a, lo ancho del territorio, que permitan traer energía limpia de proyectos pequeños, para autoabastecer a todas las regiones del país.

La ambientalista criticó la iniciativa anunciada por el Gobierno y refutó las palabras del ministro de Energía, Jorge Bunster, afirmando que la carretera eléctrica no fomenta el uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC): “Las líneas que están definidas  en este estudio de transmisión troncal que está en licitación, se refieren a líneas  de 500 KV, es decir de alta tensión. Y todos los proyectos ERNC  van entre 23 KV y 110 kv, por lo tanto, no son posibles de ingresar en esta línea, salvo que se establezcan estaciones de secuenciadoras, que permiten bajar desde alta tensión a baja o media tensión. Claramente, este proyecto de ley no sirve para las Energías Renovables No Convencionales”, aseguró Larraín.

Por su parte, Roberto Román, académico  la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, señaló que el proyecto es beneficioso para los empresarios y no para los ciudadanos, quienes pagan hoy la energía más cara del continente.
El experto y miembro de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria de Energía afirmó que el país necesita mejorar su sistema de transmisión energética, porque el actual es deficiente, pero con un modelo distinto al propuesto.

“Lo que necesitamos es un sistema troncal robusto, que permita ir incorporando renovables que existen a lo largo de todo el centro de nuestro país, desde la zona del canal de Chacao hasta la zona de Copiapó, para mover grandes bloques de energía, de manera de incorporar fácilmente la hidráulica, mini hidros, geotermia y eólica  que hay en la parte central y sur del país, lo mismo que biomasa. También ya yendo desde la zona central hacia al norte, incorporar los grandes bloques de energía  solar y eso significaría un rediseño del sistema interconectado central”, dijo el ingeniero civil mecánico.

Una de las críticas al modelo actual de generación, transmisión y distribución de energía, manifestada por distintas organizaciones expertas en la materia, además,  es su alto grado de concentración económica.

Con este antecedente es que muchas voces afirman que el proyecto de Carretera Eléctrica Pública es una especie de “salvavidas” al modelo, al financiar con fondos públicos la transmisión de los grandes proyectos termoeléctricos en el norte e hidroeléctricos en el sur, los  gozan de alta desaprobación ciudadana, como Hidroaysén y Castilla, recientemente rechazado por la justicia.