Venta de medicamentos en supermercados complica al Gobierno

23 Marzo 2013

La gestión del Palacio de La Moneda en esta discusión, está siendo considerada como “majadera”, por sectores involucrados en el debate legislativo y surgen cuestionamientos sobre los verdaderos beneficiarios de esta posibilidad comercial.

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Cuestionado ha quedado el Gobierno en la tramitación del proyecto de ley que busca permitir la comercialización de “medicamentos de venta directa” o sin receta en góndolas o almacenes comerciales que no sean necesariamente farmacias.

La semana pasada la iniciativa fue rechazada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se ganó incluso el voto desfavorable de parte de Renovación Nacional y un informe negativo por parte de la instancia parlamentaria.

La opinión técnica y científica ha dejado establecido varias veces, en las cuatro oportunidades que se ha presentado el proyecto (sin pasar por Sala), sobre los peligros de la entrega de medicamentos.

El Gobierno, a través del subsecretario de Economía, Tomás Flores, ha insistido que esto dará mayor cobertura geográfica y significará una evidente baja en los precios.

Esto lo reiteró el diputado UDI y presidente de la comisión de Salud, Javier Macaya: “Cualquier persona tiene la libertad de concurrir a una farmacia y comprar si quiere cinco cajas de paracetamol o de cualquier medicamento que sea sin receta médica y adquirirlo con el evidente riesgo de automedicación e intoxicaciones. Eso no cambia porque exista una posibilidad de comprarlo directamente en el comercio sin la intervención de un dependiente, por lo demás siempre va a existir un dependiente que venda los productos. Acá estamos hablando de establecimientos comerciales, no sólo referidos a supermercados, estamos hablando en lo fundamental de establecimientos comerciales en lugares donde no hay farmacias”.

El doctor y diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres, contrastó esto, con los eventuales efectos que esto tendría en el precio de medicamentos que sí requieren de receta, y su público objetivo, evidentemente más vulnerable.

En este sentido, el parlamentario de la DC señaló que “claramente el problema se va a trasladar a aquellos medicamentos que sí requieren receta médica, que se venden en farmacias, que van a sufrir seguramente un alza de precio, experiencia que ya ha ocurrido en otros países, como por ejemplo, en Argentina, y eso va  air en perjuicio de la gente que es paciente crónico, nuestros abuelitos que son hipertensos o diabéticos que requieren este tipo de medicamentos van a tener seguramente que pagar más por ello, y se genera una situación a nuestro juicio que es completamente diferente al resto del mercado”.

Torres calificó al Gobierno de majadero con este proyecto, por su insistencia pese a los argumentos técnicos expresados. Acusó una mirada absolutamente economicista, limitada y sin perspectiva de salud pública.

El desconcierto no es sólo en la oposición. El vicepresidente del colegio Químico Farmacéutico, Luis Lindermeyer, expresó que las asesorías contratadas por el propio Gobierno descartan cualquier mirada positiva a la iniciativa.

En esa perspectiva, el dirigente de los farmacéuticos explicó que “asesorías contratadas por el mismo ministerio han indicado que no sería conveniente para el país como el nuestro, donde existe uno de los más altos niveles de automedicación, no sería recomendable una medida de este tipo, sino al contrario las asesorías indican que hay que aumentar la regulación y la fiscalización. Además, creemos que los riesgos sanitarios superan con creces los posibles beneficios económicos”.

Lindermeyer expresó que los países que avanzaron legislaciones como esta, por ejemplo Argentina, están retrocediendo en ese sentido; también agregó explicó que medicamentos como el ibuprofeno o el paracetamol, popularmente utilizados están demostrando nuevos efectos adversos por su uso desmedido.