Ordenamiento territorial y participación para las ERNC

14 Enero 2016

Para la diputada, los casos de Punta de Choros, Hidroaysén y Mar Brava en Chiloé son ejemplos de que en Chile no hay una política pública para la planificación de la localización de infraestructura energética.

Jenny Álvarez >
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En diciembre pasado la cumbre del clima (COP21) terminó con el Acuerdo de París, suscrito por 195 países, identificando al cambio climático como "una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles" para la humanidad y el planeta. Agrega que existe una "grave preocupación" porque los compromisos sumados de todos los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero distan aún mucho de las reducciones necesarias para contener el calentamiento global.

Tácitamente se promueve el progresivo abandono de los combustibles fósiles -lo que la mayoría del mundo comparte- porque cada vez son más evidentes los efectos del aumento de la temperatura. En esa línea, muchos países, entre ellos Chile, están desarrollando políticas que promueven las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). De hecho, el programa del actual gobierno asume el compromiso “de aumentar la participación de ERNC, para que al año 2025 un 20% de las inyecciones de electricidad provengan de fuentes limpias y propias”, realizando “todos los esfuerzos necesarios para sentar las bases para que el 30% de la generación de electricidad provenga de fuentes de ERNC”.

Sin embargo, el mismo programa reconoce que “la falta de una participación local adecuada en los beneficios implica una falta de equidad geográfica, además de generar oposiciones esperables al desarrollo de la inversión. Lo anterior afecta tanto a las energías convencionales como a las Energías Renovables no Convencionales”. Por su parte, el Acuerdo de París recomienda en su punto 68 que “la creación de entornos más propicios para el desarrollo y la transferencia de tecnologías idóneas desde los puntos de vista social y ambiental…”.

Es decir, existe convicción en avanzar hacia energías más limpias, pero no solo teniendo a la vista su rentabilidad ambiental o económica, sino también su impacto social y la participación de las comunidades donde se desarrollan los proyectos eléctricos. Y eso, justamente, es lo que no ha venido sucediendo en el progresivo cambio de la matriz energética chilena. Eso es lo que sucedió en Punta de Choros, en Hidroaysén y lo que sucedió en Mar Brava, en Chiloé. Es lo que sucede cuando las empresas pagan sus impuestos en Santiago.

Con gran precisión, un documento de la ONG Espacio Público del año pasado aborda esta temática, señalando que “en Chile no tenemos una política pública para la planificación de la localización de infraestructura energética”. Este mismo análisis dice que la percepción de que en la aprobación de los proyectos energéticos se anteponen los intereses de empresas a los de la comunidad, encuentra asidero en la débil participación que tiene el Estado al momento de definir dónde y cómo debe construirse un proyecto de energía.

Esta es, sin duda, una muestra inequívoca de centralismo, pues no existen instrumentos para que las regiones tengan voz y voto al momento de definir la localización de la infraestructura energética, o que puedan compatibilizarla con vocaciones productivas, estrategias de desarrollo, planes reguladores u otros proyectos de inversión. Se ha hablado de compensaciones que resguarde la equidad territorial y no conviertan los territorios en “zonas de sacrificio” en pos del desarrollo del país, como ya ha ocurrido en Quintero, Coronel o Tocopilla.

Un ejemplo de lo anterior es el documento “Energías Renovables en Chile. El Potencial Eólico, Solar e Hidroeléctrico de Arica a Chiloé”, elaborado a fines de la administración Piñera, que proyecta un potencial de generación eólica en Chiloé de por lo menos 10 parques al 2050. ¿Es que acaso el destino inconsulto de Chiloé es convertirse en un gran parque eólico que abastezca el Sistema Interconectado Central? Claramente no. Por eso, esperar hasta el 2050 por una respuesta parece demasiado. La ciudadanía demanda, ahora, un mayor ordenamiento y participación, para que el avance hacia energías ambientalmente más sustentables, no se haga a costa del territorio, la gente y su futuro.

A ello debe agregarse la insuficiente legislación ambiental existente, pues en general, y salvo excepciones, todos los proyectos terminan cumpliendo con lo formalmente exigido en el sistema de evaluación y son aprobados, aunque sea con una larga lista de observaciones que, en los hechos, muestran que el proyecto era deficiente. O existen formas de burlar una evaluación más profunda subdividiendo proyectos que en realidad formarán una sola unidad de negocios, como generadoras y líneas de transmisión, por la vía de ingresar declaraciones y no estudios de impacto ambiental.

Necesitamos, por fin, políticas de ordenamiento territorial y de participación ciudadana vinculantes, para que el necesario avance de las energías renovables, herramienta para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global, no se haga a costa de las personas y los territorios, sobre todo de zonas extremas, insulares y aisladas.

 

Por Jenny Alvarez Vera, diputada por Chiloé y Palena.