Opinión: Una nueva política indígena

01 Agosto 2014

La falta de reconocimiento de los derechos indígenas ha llevado a una profunda crisis en la relación entre los pueblos, la sociedad y el Estado. Hay que corregir esta situación, lejos de la represión y la violencia. Por María Fernanda Villegas, Ministra de Desarrollo Social.

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El 24 de junio se inició formalmente el proceso consultivo a los pueblos indígenas que coincidió con el We Tripantu y que constituye una clara señal de un nuevo ciclo político de relación intercultural. Hemos trabajado en iniciativas de ley y medidas para los pueblos indígenas que serán previamente consultadas, ya que entendemos que debemos construir políticas y agendas en conjunto,  también garantizar que los procesos de construcción y consultas sean representativos a los pueblos. Por ello, los proyectos de ley que crean el Ministerio de Asuntos Indígenas, el Consejo de Pueblos Indígenas – siendo este autónomo y representativo de los diversos pueblos que existen en nuestro país –  y el Ministerio de Cultura, serán consultados a los pueblos.

El marco jurídico de dichas consultas  es  dar cumplimiento al espíritu y estándares del convenio 169 de la OIT, pues existe la voluntad política del gobierno por hacer efectiva la protección y plena vigencia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. De esta forma, el carácter de la consulta será un proceso interactivo, continúo y flexible. La información que se entregará será  transparente y accesible a todas las partes interesadas, de la forma más expedita, en todas las fases de la consulta, otorgando el máximo de publicidad al proceso, mediante procedimientos adecuados a los pueblos indígenas, de modo que permita su máxima participación y recoger la opinión de todos los pueblos. 

La falta de reconocimiento de los derechos indígenas ha llevado a una profunda crisis en la relación entre los pueblos, la sociedad y el Estado. Hay que corregir esta situación, reconstruyendo las confianzas, lejos de la represión y la violencia.

La nueva política indígena de nuestro Gobierno se fundamenta en el marco internacional de derechos que garantizan a los pueblos indígenas, la capacidad  de proveer su desarrollo político, económico, social, basándose en el diálogo y la justicia. Por ello consideramos relevante las recomendaciones de los Relatores de Naciones Unidas y otros organismos que han formulado importantes indicaciones, especialmente en relación con situaciones de tensión y conflicto.

Tenemos por delante el desafío de avanzar en abrir el debate para reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y debatir una nueva convivencia como sociedad pluricultural. También, buscar la mejor forma de emplear los recursos naturales en beneficio del país, respetando los derechos de los pueblos indígenas. Esto  significa mirar hacia un nuevo modelo de vida que integre distintas visiones sobre el desarrollo productivo, medio ambiente y economía, respetando el derecho a la participación y consulta de los pueblos indígenas en los temas que les afecta.

Mejorar en materia de derecho de infancia para niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas, haciendo un trabajo en conjunto con las instituciones respecto a infancia y respetando sus culturas, es otro imperativo relevante de remarcar entre nuestras prioridades.

Nos encontramos en un momento histórico para promover el inicio de este nuevo ciclo de relación intercultural.