Derecho al agua: ¿Fin de la sequía?

Fue una de las grandes demandas del estallido social, y bandera de lucha de gran parte de los actuales constituyentes. Nos referimos al derecho al agua. Si bien aún falta para tener la nueva constitución completa, los convencionales ya se han pronunciado al respecto de esta sensible materia.

A comienzos de febrero, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente aprobó la norma que echó abajo el Código de Aguas de 1981, estableciendo la caducidad de “los derechos de aprovechamiento de agua”.

No obstante, en forma paralela, dicho código fue derogado el viernes pasado cuando el gobierno del presidente Boric promulgó un nuevo Código de Aguas, el cual era discutido desde hace una década y que fue despachado en enero pasado por el congreso.

De acuerdo al gobierno, esta reforma "prioriza el derecho de acceso al agua para consumo humano", y a diferencia de los antiguos derechos de aguas, cuya duración es indefinida, los nuevos se otorgarán por 30 años. "Por primera vez se integra el cambio climático como un factor que amenaza y limita la disponibilidad del agua, y muy importante: se protege la función ecosistémica del agua, resguardando y prohibiendo la entrega de derechos en glaciares, sectores de vegas, bofedales, humedales y áreas declaradas bajo protección de la biodiversidad", señaló la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, según consignó radio Cooperativa.

“Los derechos de agua antes eran a perpetuidad, y los que se hacían dueños de los derechos de agua podían hacer lo que querían con ellas. El agua estaba consignada en el Código de Aguas como un bien nacional de uso público, pero su aprovechamiento estaba protegido por el derecho de propiedad. O sea, tú eras dueño del derecho de usar esa agua, por las acciones de agua que tú comprabas, y si querías la usabas o no la usabas. Ahora, con el nuevo código de aguas, los derechos de agua se constituyen en función del interés público y duran 30 años las concesiones de agua. Tienen este carácter temporal y se pueden caducar por el no uso”, explicó Roberto Torres, Presidente de la Fundación Arica Activa, a Mi Voz.

Pero entonces, ¿en qué quedó el debate en la Convención?

Si bien la iniciativa fue aprobada por 11 miembros de la comisión, y cuenta con el apoyo de 22 constituyentes de pueblos originarios, Chile Digno y Pueblo Constituyente, aún falta que sea aprobada en el pleno por 2/3 de los convencionales.

Dicha normativa, junto con declarar como caducados los “derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas 1981″, también rechazó que las aguas en territorio indígena “son de propiedad de comunidades, personas naturales y organizaciones indígenas en general".

Pero si caducaron los derechos de aprovechamiento del código anterior, ¿a manos de quien pasa el agua? ¿y cómo?

El agua pasaría a control del Estado y a ser de todos los chilenos. Este proceso, que los convencionales denominan de “restitución”, se desplegará en el curso de 2 años, y en ese contexto “los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua que se caducan con la promulgación de esta Constitución serán susceptibles de ser indemnizados”. En otras palabras, serán expropiados. La pregunta del millón ¿se les pagará al contado y al valor del mercado? El tema se cruza con el derecho de propiedad, aún en discusión, pero de momento, la normativa propuesta establece que “no serán indemnizados, los que teniendo derechos de aprovechamiento los hayan utilizado para los siguientes fines: (i) minería, (ii) agroindustria, (iii) forestales, (iv) sanitarias y (v) cualquier otro uso a escala industrial que involucre el uso intensivo de agua”.

En ese contexto, desde el mundo privado han manifestado inquietudes y dudas por el rumbo que ha tomado esta materia. Particularmente desde la derecha, se alega que la propuesta de la convención perjudicará la inversión y a los pequeños agricultores.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), señalaron que se necesitarán US$ 20 mil millones para pagar por una eventual expropiación, y que el fin de los derechos de aprovechamiento afectará a más de 2 millones de agricultores. “Todo esto genera un enorme desincentivo a trabajar en agricultura, que necesita certezas como tener tanto físicamente como jurídicamente el agua. De hecho, la inversión en el agro se ha ralentizado en los últimos años, porque no hay certeza de disponibilidad de agua y si a eso se le suma la incerteza jurídica, de que va a depender de un funcionario público que defina cuándo y dónde se debe producir es un desincentivo absoluto para todos los agricultores del país”, sostiene el secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte, según consignó Tele 13.

“La derecha siempre ocupa el mismo argumento: que desincentiva la inversión, que son los pequeños empresarios, en este caso agricultores, los que van a terminar pagando esto… es un argumento que ya está completamente desvalidado después de tanto que han usado la campaña del terror. Recordemos que la Convención ha tenido un pésimo manejo comunicacional que ha permitido que salgas estas voces de derecha amenazando con que se viene el caso. Yo no creo que sea así, creo que es solo otra bravata de la derecha simplemente”, señaló Boris Kuleba, dirigente vecinal de Valparaíso, a Mi Voz. Por su parte, Torres señaló que, lo primero que tiene que hacer la Convención en esta materia es  “consignar el agua como un bien nacional de uso público, que pertenece a todos los chilenos, y que el Estado se tiene que preocupar de que el principal destino de esas aguas sea el consumo humano, o sea que nadie se puede quedar sin agua. Todo lo demás, después”.

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Este contenido es publicado como parte Mapa Constituyente una iniciativa conjunta de The Clinic, Mi Voz, Súbela y Ladera Sur, que tiene por objetivo acercar el debate de la Concención Constituyente a la ciudadanía.