Agua, gestión integrada de cuencas y DD.HH.

21 Enero 2016

"El manejo de los recursos hídricos debe hacerse, en primer lugar, pensando en el bienestar común, de la mayoría, de las comunidades, y no de proyectos eléctricos, de plantaciones forestales o de explotaciones mineras", dice la diputada.

Jenny Álvarez >
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Días atrás una columna publicada en El Mercurio por representantes de las empresas sanitarias, las generadoras eléctricas y el Consejo Minero demandaba con urgencia la adopción de medidas sobre la gobernanza del agua, lo que a su juicio constituye un “desafío impostergable”. En ese mismo artículo se habla de la importancia del diagnóstico compartido en la denominada Mesa del Agua y Medio Ambiente y que se expresa en un manifiesto dado a conocer el 2015. 

Entre las medidas que estos actores hoy interesados en el devenir del agua en el país proponen está la de “fomentar la gestión integrada de los recursos hídricos, tomando las cuencas como unidad básica”, entendiendo que el agua tiene muchos usos y usuarios, que sus intereses son y necesidades son diferentes y que lo que hace un usuario tiene impacto en el resto. 

Sin duda uno no podría estar en desacuerdo con lo que, en general, plantean estas entidades privadas. Sin embargo es importante recordar que la “Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas”, fue una iniciativa desarrollada por la primera administración de la Presidenta Bachelet en el 2007. Integrando el trabajo multisectorial, su objetivo era “proteger el recurso hídrico, tanto en calidad como en cantidad, para resguardar el consumo humano y armonizar objetivos de conservación de los ecosistemas con el aprovechamiento sustentable del recurso, por parte de las actividades económicas”.  

Lamentablemente, durante la administración Piñera esta política hídrica no fue continuada. Por eso, y en un escenario donde la sequía y escasez hídrica, generada en gran parte por los efectos del cambio climático que comienzan a ser más visibles y permanentes, la Presidenta Bachelet nombró un delegado presidencial del agua y dispuso una serie de medidas, entre ellas la de impulsar una reforma al Código de Aguas que rige por más de tres décadas para evitar, por ejemplo, que los derechos de aguas sigan siendo a perpetuidad y terminen siendo parte, en muchos casos, de un mercado especulativo de este bien público. 

Adicionalmente se han ido comprometiendo importantes inversiones en embalses y esta misma semana reactivamos en la Comisión de Obras Públicas el proyecto que crea los servicios sanitarios rurales, una iniciativa también surgida en la anterior administración de la Presidenta, que busca potenciar el enorme impacto e importancia, para la vida humana y la sustentabilidad ambiental, tienen los proyectos de Agua Potable Rural.

Ciertamente, en materia hídrica siempre parece poco lo que se hace. Y por eso, ante una nueva temporada estival que nos acechará con sequías e incendios forestales, es útil escuchar a los privados que están preocupados del agua, insumo básico de muchas actividades productivas, pero sobre todo para preocuparnos del acceso al agua de las personas, base de su subsistencia y salud. 

Porque al igual que como lo hemos sostenido en otras materias, el manejo de los recursos hídricos debe hacerse, en primer lugar, pensando en el bienestar común, de la mayoría, de las comunidades, y no de proyectos eléctricos, de plantaciones forestales o de explotaciones mineras. Por eso hemos sido cuestionadores del impacto de las plantaciones de pinos y eucaliptus que han invadido y afectado la capacidad hídrica de extensos territorios y ecosistemas sustentables, y también de la especulación que se hace con las solicitudes de exploraciones y pertenencias mineras que, por ejemplo en Chiloé, significa afectar irreversiblemente pomponales y turberas. 

Tienen razón los privados que reclaman urgencia en la implementación de soluciones en materia hídrica. Tienen también razón en demandar la implementación de la gestión integrada de cuencas hidrográficas. Sin embargo, seguramente tendremos diferencias en los énfasis y las prioridades, porque a diferencia de aquellos que consideran al agua como un insumo productivo o un bien de consumo más, nosotros creemos que, como lo ratificó la ONU en su sesión del 28 de julio de 2010, el agua es un derecho humano que hay que garantizar.

 

Por Jenny Alvarez Vera, Diputada por Chiloé y Palena

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