Designación del Intendente de la Región: ¿Deberían los Ciudadanos elegir?

Diversos historiadores de América Latina de distintas corrientes de pensamiento han señalado que hubo en nuestro pasado colonial dos hechos que determinaron algunos de las dificultades que enfrentan las administraciones públicas contemporáneas, en especial de regiones. La primera fue, la decisión “fatídica y en última instancia desastrosa” de Felipe IV ante una bancarrota inminente, de poner en venta los cargos públicos en 1633. Pues bien, accedieron a ellos oligarquías locales instalándose, desde entonces, esa costumbre de mirar al Estado como un botín de guerra que había que succionar mientras fuera posible. Vista en perspectiva, señaló el historiador americano Peter Klarén, “la venta de cargos en el periodo colonial podría explicar también el bajo nivel de la moral pública actualmente existente entre los empleados públicos”, y que en Chile encontró su corolario, se dice, durante los gobiernos radicales con aquella frase que quedó grabada en la memoria popular como: “yo no quiero que me den, pero pónganme donde haiga”.
La segunda y no menos importante, también se desarrolló durante la colonia y fue ejecutada por la misma monarquía española (ahora Borbónica) con igual fin: aumentar la recaudación fiscal de una metrópoli que necesitaba constantemente estrujar a sus provincias para financiar sus excesos: antes la guerra y la exquisita vida palaciega; ahora, la superabundancia de población en la metrópoli y la lógica de un poder centralizado que es común a la alianza y la Concertación. El mecanismo elegido fue la instalación de una figura de la administración francesa que no existía en España: el Intendente, designado centralmente quien, como un extraterrestre, era puesto en las Indias, ajeno no sólo a la realidad local, sino que también a sus demandas y con el propósito adicional de ser, en provincias, “los ojos” de la élite capitalina.
No obstante, transcurridos casi 250 años desde la creación de la primera en América por parte del ministro Gálvez, el dispositivo de su establecimiento y figura, pese a la transformación de la escenografía y de la parafernalia del cargo, no han cambiado su esencia. En efecto, el medio millón de electores de esta región continuamos, como lo fueron los indios durante toda la colonia y una buena parte de la república, siendo “interdictos” para pronunciarnos sobre quien debería ocupar esta magistratura que administra, promedio, unos 60 millones de dólares anuales. Para ironía de la historia, si podemos elegir desde el delegado de curso, pasando por nuestros representantes sindicales y la directiva del club deportivo, pero somos aún niños (as), sin facultades mentales – así nos ve la metrópoli – para decidir sobre quien gobierna nuestro territorio. Es llamativo, sobretodo, que la prensa local presente esto como algo normal y el debate se centré en “quién será el elegido (a)”, y no sobre su oscuro procedimiento.
No obstante, la crítica permanente a esta institución monárquica, no sólo por motivos de soberanía popular, sino también en términos de gestión – en nuestro caso 6 intendentes en los últimos 10 años a razón de 1,5 año por cada cual, lo que explica no sólo la falta de ejecución de proyectos emblemáticos, sino el sinnúmero de chambonadas administrativas, de gestión, incluso de nombramiento de colaboradores que le instalan los parlamentarios -, ahí permanece incólume al paso del tiempo.
El dispositivo sigue siendo casi parecido al secretismo de los procesos judiciales de “la lettre de cache” en que ni el acusado – en este caso designado – sabía a ciencia cierta que iba a ocurrir, o porqué se le nombraba. Y a pesar del cambio de alianza gobernante, la historia, para las regiones, continúa igual: en una pieza hedionda, unos pocos personajes deciden por 500.000 votantes. Impera el secretismo, la difusión de rumores sobre potenciales designaciones que hacen circular los propios interesados y también los parlamentarios, ahora de derecha, que quieren mostrarse influyentes. Vendrá, luego del nombramiento, la alegría del cooptado y de su pequeño círculo, y, por supuesto, la compensación a aquellos que no lo fueron. Continuarán, enseguida, los regalones y amigos del Intendente y de los congresistas de turno. ¿Qué eso será meritocrático?, la experiencia dice que no. Los conformistas, señalan que, por lo menos, se “nombre a gente sensata” lo que, según ellos, no es mucho pedir. En tanto afuera, al igual que Condorito, otros miles seguiremos exigiendo una explicación.