Suspicacias sobre el Presupuesto Nacional

El erario nacional lo constituye el dinero que se recauda a través de impuestos directos e indirectos mediante los cuales el Estado tiene la obligación de distribuir a los diferentes ministerios para la ejecución de proyectos en salud, vivienda, obras públicas, educación y otras carteras que necesitan recursos del estado para obtener un desarrollo sustentable en el tiempo.

Estos impuestos son generados por todos los ciudadanos y por eso la sociedad se manifiesta inquieta y molesta cuando algunos funcionarios en uso de atribuciones que no les corresponden legalmente, aparecen con escándalos públicos con dineros malversados, desviados, mal gastados o destinados expresamente para ítemes distintos y no invertidos en infraestructura que el país necesita.
Los impuestos ingresan a las arcas fiscales por dos vías y son los impuestos directos que se imponen a las personas o empresas y los impuestos indirectos que se aplican a los bienes de los ciudadanos siendo los más conocidos y de mayor importancia por su alta recaudación, el Impuesto al valor agregado más conocido como IVA, impuestos a la propiedad, al alcohol, a los cigarrillos, las importaciones y la gasolina.
Los malos manejos económicos en algunas instituciones públicas son un mal hábito que se ha acrecentado en el país, todo lo cual va en desmedro del dinero de todos los chilenos que aportamos para incrementar las arcas fiscales y con estupor se han comprobado conflictos con dineros mal usados y supuestas malversaciones de fondos públicos destinados a otros fines, versiones poco veraces ni entendibles para el común de la gente.-
Se han realizado muchas acusaciones y defensas corporativas respecto al manejo de fondos públicos que sólo engendran divisiones y rencores entre las partes afectadas y al final nadie es responsable de estos actos, quedando todo en la duda para terminar finalmente en el olvido.
Estos dineros extraviados nunca aparecieron y tampoco fueron reembolsados a las arcas fiscales, como aconteció en el bullado caso de las subvenciones escolares cuyos dineros no llegaron a las aulas donde los alumnos, padres, apoderados y profesores, esperaban concretar algún anhelado proyecto educacional para mejorar la calidad de la educación.
Los funcionarios públicos nombrados para administrar los fondos del estado y que no cumplen eficientemente su misión, están cometiendo actos ilícitos y si ellos son comprobados judicialmente o sancionados por organismos contralores del estado, deberían quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos y también de representación popular lo que permitiría mejorar considerablemente la calidad de nuestros representantes en los estamentos estatales y también en el poder político.