Contradicciones

Mientras en la Concertación, incluida por supuesto la Presidente Bachelet, hacen grandes esfuerzos por instalar la idea de que ser militante de un partido miembro del bloque oficialista es invalidante para desempeñar cualquier función en el Gobierno de Sebastián Piñera, sale a la luz una contradictoria defensa para quienes, en su condición de funcionarios de confianza exclusiva, mantienen contratos hasta el 31 de diciembre de este año y que, sin quererlo quizás, abre nuevamente una discusión muy de fondo y perentoria.
A lo menos suena raro que ahora, después de los innumerables berrinches por la posibilidad de que miembros de la Concertación se sumen a la nueva administración, se pretenda defender a personas que, si bien no tienen la visibilidad o protagonismo de otros dirigentes, tienen en su mayoría el mismo impedimento que le esgrimieron, por ejemplo, a Juan Gabriel Valdés.
Estos agentes, contratados como consejeros de confianza de ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y jefes de servicio, cumplen una función política que, en su mayoría, responde exclusivamente a los requerimientos de quién lo contrató y no necesariamente a la urgencia o necesidad de un proyecto público en especial. Porque si así fuera o pretendieran florear ahora las autoridades, lo lógico sería que dicha función fuera analizada y resuelta por un concurso público. No quiero decir con esto que sus funciones sean menos importantes o relevantes, por el contrario, considero que son indispensables para dar apoyo político a la autoridad. Pero nada más. No entran en la categoría del funcionario público convencional o de planta como le dicen.
Por consiguiente y dejando los discursos de lado, lo correcto sería que estos empleados renuncien a sus funciones en las mismas condiciones y plazos que los demás funcionarios de confianza y recién ahí, con la libertad que debe tener la nueva administración, se evalúe quienes estarían en condiciones y dispuestos a seguir colaborando con el Gobierno.
Lo importante en este momento, para pasar a discutir el fondo y ya no el mero maquillaje, es saber qué criterio adoptarán en definitiva los partidos en esta materia. ¿Seguirán los manifiestos del ex Presidente Ricardo Lagos y el Partido Socialista quienes sostienen con uñas y dientes la incompatibilidad “ética” de que un militante participe en el nuevo Gobierno o el de la Democracia Cristiana que, a través un instructivo, formaliza el castigo para sus militantes que durante la administración de Sebastián Piñera acepten o se mantengan en sus puestos?
Razonable es que las doctrinas o intereses particulares de quienes están en lo público no perjudiquen los del país. Que el gran motivador sea el desarrollo y bienestar de todos. Que quienes tienen el bichito, de presentarse la oportunidad, no dudarán un segundo en sumarse a los esfuerzos por avanzar en la superación de los problemas que aún nos aquejan.
La pregunta del millón entonces es ¿qué es mejor para el Chile?, ¿negarse a colaborar o sumar para construir?. Con todas las diferencias que se quiera, pero ¿cuál es el camino correcto?
Nadie discute el derecho que tiene de la nueva oposición de explicar sus objetivos como quiera. Son libres de diseñar como se les antoje su intervención en los años venideros, pero a mi juicio, seguir con las mañosas prácticas del pasado recordando fantasmas que ya no existen para la gran mayoría de los chilenos, no aportan más que a ensuciar y demorar el cumplimiento de un sueño.
Así como para muchos el bienestar pasa casi exclusivamente por modificar leyes políticas y electorales, habemos unos cuantos que creemos que las prioridades deberían estar centradas en mejorar la calidad de vida y cumplir las más básicas y simples expectativas de quienes vivimos en Chile.
No puedo hablar por otros, sobre todo si no me lo han pedido, pero tengo la sospecha de que para muchos hoy es más relevante encontrar trabajo y vivir tranquilos que modificar una ley para que un partido vuelva a ser legal. Como también sospecho que muchos simpatizantes de la Concertación estarían felices de colaborar con el nuevo Gobierno aún a riesgo de ser catalogados como indignos.
Al final y volviendo a la pregunta: ¿qué es mejor para Chile?.
Me encantaría que los que hoy, con bombos y platillos, se empinan como servidores públicos y defensores del bien común respondieran esta pregunta. No desde una trinchera, sino desde la función de padre, hermano, hijo, abuelo o vecino de otros.
Lamentablemente la respuesta no es obvia. Por fuerte que haya sido el chancacazo del pasado 17 de enero, aún hoy hay muchos que insisten en seguir viendo las cosas a través de una ventana.