Robo de Propiedades: Creación de la dictadura, heredad de la concertación
El decreto de “saneamiento” de dominio de propiedades fue un decreto que estableció el régimen de Pinochet con el fin de quitar sus propiedades a los que se habían exiliado e incluso habían sido asesinados. Este decreto maldito aún es sostenido.
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04 de Octubre, 2008 07:10
Mi enorme, inteligente, culto y bien informado amigo Carlos Vera Cáceres, que fuera un destacado dirigente socialista durante muchos años, me contó la nueva, junto con entregarme los antecedentes “legales” de la manera que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene para apoderarse de propiedades de personas de cualquiera o sin ninguna posición política.
El delincuente que opera en empresas contratistas, junto a Seremis corruptos de Bienes Nacionales, aprovecha el hecho –un decreto- que se dictó a fines de los años setenta para apoderarse de las propiedades que perseguidos de la dictadura dejaron abandonadas e incluso a gente que no las usó por haber sido asesinadas.
Este hecho que, claramente es una aberración, aún se sigue perpetrando bajo la complaciente mirada de los legisladores chilenos actuales: Concertacionistas y derechistas, y afecta, incluso, a gente de los mismos conglomerados y a los que están fuera: comunistas, humanistas, libertarios y otros.
Es decir: el robo “legalizado” de propiedades no afecta sólo a personas de un lado. Ayer le pudo tocar a un comunista, socialista o mirista, mañana le puede pasar a un miembro de RN, la UDI, de ChilePrimero, a un radical, a un independiente…
Es tan maldito el decreto planteado hace ya treinta años que cualquier ciudadano puede ser víctima del mismo. Esta aberración, este robo de propiedades, tiene sus raíces en lo que ya señalamos. Chilenos que, perseguidos políticamente, tuvieron que dejar sus casas abandonadas. Y peor aún: chilenos que –tras ser asesinados- se les quitó sus propiedades.
Que la gente de uno y otro lado político sepa esta verdad, que –antes de elegir a sus parlamentarios- le pregunten que seguridad tienen que su propiedad dejada un tiempo desocupada pueda seguir siendo de él y no vaya a venir un hampón con otros mafiosos a hacerse de los bienes que tanto le costaron.
El delincuente que opera en empresas contratistas, junto a Seremis corruptos de Bienes Nacionales, aprovecha el hecho –un decreto- que se dictó a fines de los años setenta para apoderarse de las propiedades que perseguidos de la dictadura dejaron abandonadas e incluso a gente que no las usó por haber sido asesinadas.
Este hecho que, claramente es una aberración, aún se sigue perpetrando bajo la complaciente mirada de los legisladores chilenos actuales: Concertacionistas y derechistas, y afecta, incluso, a gente de los mismos conglomerados y a los que están fuera: comunistas, humanistas, libertarios y otros.
Es decir: el robo “legalizado” de propiedades no afecta sólo a personas de un lado. Ayer le pudo tocar a un comunista, socialista o mirista, mañana le puede pasar a un miembro de RN, la UDI, de ChilePrimero, a un radical, a un independiente…
Es tan maldito el decreto planteado hace ya treinta años que cualquier ciudadano puede ser víctima del mismo. Esta aberración, este robo de propiedades, tiene sus raíces en lo que ya señalamos. Chilenos que, perseguidos políticamente, tuvieron que dejar sus casas abandonadas. Y peor aún: chilenos que –tras ser asesinados- se les quitó sus propiedades.
Que la gente de uno y otro lado político sepa esta verdad, que –antes de elegir a sus parlamentarios- le pregunten que seguridad tienen que su propiedad dejada un tiempo desocupada pueda seguir siendo de él y no vaya a venir un hampón con otros mafiosos a hacerse de los bienes que tanto le costaron.
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Me suscribo con mi firma y
Me suscribo con mi firma y lo que sea necesario a su campaña contra
la expropiacion poltica. Entiendo que muchas sedes de partidos polticos o fueron recuperados o el Estado pago sumas indeminizatorias.
Si no encuentra justicia en nuestras instancias nacionales, puede como muchos chilenos ir a la Corte Interamericana de Justicia, o como
en el caso del diario Clarin que recurrio al C.I.A.D.I. por tratarse de una inversion extranjera, arbitraje por 450 millones de euros, demanda presentada por Victor Pey y la Fundacion Salvador Allende, y que hasta hora el Estado de Chile se ha negado pagar, dilatando el cumplimiento de sus obligaciones.
Por favor, siga con su campaña adelante , la denuncia publica es un arma y lograra transparentar y llevar luz a esos oscuros rincones putrefactos que siguen quedando como herencia pinochetista.